Según la nota de la organización agraria, de los 3.750 expedientes de regularización de leñosos "no entendemos por qué si ya se había comprado el agua y se tenía el informe favorable del consorcio, aún no llegan a 1.000 los expedientes a los que se les ha inscrito la concesión definitiva. Nos preocupa el retraso en esta inscripción pues está generando problemas a la hora de cumplir los requisitos para acceder a ciertas ayudas".
UPA CLM ha mostrado también su preocupación, ante el presidente de la CHG, por los cerca de 2.000 expedientes de agricultores profesionales que se presentaron en el 2008 para su regularización y aún no han tenido respuesta a sus solicitudes. Según nos manifestó el propio presidente de la CHG, José Díaz “de los 1.649 que aún siguen vivos, se está intentando buscar una solución”. Sin embargo, según UPA no se obtuvo una respuesta clara del presidente sobre qué se va a hacer con ellos.
Además, el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo ha solicitado documentación al presidente respecto al proceso de planificación hidrológica. Morcillo considera que la cuenca del Guadiana debía haber planteado, "igual que lo están haciendo Júcar y Segura, una solución a los problemas de la cuenca dentro del marco del futuro Plan Hidrológico Nacional. Ya que es la última oportunidad para resolver los problemas de la zona y, desde luego, a nuestra organización no le consta que así haya sido".
Durante la reunión, UPA CLM ha pedido información sobre la constitución de las Comunidades de Usuarios por cada una de las masas de agua y los Planes de Gestión de éstas. Es intención de la CHG tener los Planes de Gestión aprobados en el primer semestre de 2014.
El secretario general de UPA CLM ha señalado la falta de diligencia de la Administración en la resolución de los expedientes de solicitud de pozos de hasta 7.000 m3, que están pendientes de resolver en algunos casos desde hace más de 3 años. Una situación que también está generando problemas a los agricultores. Según la organización agraria, "el presidente CHG ha mostrado su compromiso para que este asunto sea una prioridad con los medios que dispone".
Por eso, UPA CLM ha aclarado al presidente de la CHG que el retraso en la resolución del conjunto de expedientes está generando un gran malestar en los agricultores, que les está llevando a plantearse seriamente el pedir una responsabilidad patrimonial a la Administración por un funcionamiento que entendemos es “anormal”.
¡Basta ya de criminalizar a los agricultores con penas hasta de cárcel!
UPA CLM ha mostrado su preocupación por la deriva que han tomado algunos expedientes sancionadores. El juzgado de Alcázar de San Juan ha iniciado diligencias contra varios agricultores a los que se les imputa de delitos contra el medio ambiente, y se pide para ellos penas de cárcel.
Según recalca la organización en su nota, "entendemos que no se puede criminalizar a agricultores que llevan pidiendo una solución para sus problemas, y que la Administración lleva mucho tiempo sin atender. Ya es suficiente con las sanciones administrativas que con la última modificación de la ley se han incrementado un 80 % de media".
Acuífero 23 y fracking
En el trascurso de la reunión se abordaron muchos más temas. La situación del Acuífero 23, donde ha habido una recuperación espectacular del déficit hídrico histórico (hoy puede ser de unos 700 Hm3, frente a los 3.000 Hm3 de hace unos años).
El secretario general de UPA CLM se ha referido a, ¿qué informe de impacto ambiental le iba a pedir a los 3 pozos que se recogen en el proyecto de investigación de fractura hidráulica (fracking) que se ha aprobado en la zona? El presidente contestó que si no extraían agua no tendría que pedir ningún informe de impacto ambiental, según las competencias que tiene encomendada la CHG. Si extrajeran agua se les trataría como a cualquier particular que solicita un pozo, teniendo en cuenta que no perjudicarán al acuífero. "Esta respuesta, desde luego, no tranquiliza a la organización", acaba la nota.