En su recorrido por la ciudad, los participantes en la marcha han hecho sonar campanos, cencerros y bocinas, y han mostrado pancartas en las que se podía leer frases como: "Mi finca no es de Montes" o "Diego ladrón de votos"
Algunos afectados llevaban camisetas con eslogan y portaban en las manos las escrituras de sus parcelas, y además había carteles en los que se solicitaba la dimisión del director general de Montes, Javier Manrique.
La marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer: "Diego, diste tu palabra, ahora da la cara", que un grupo de afectados colocó en la verja del Gobierno. Además, en la puerta de acceso al recinto colgaron dos ristras de chorizos.
Al llegar a Peña Herbosa el portavoz de los afectados, Javier Rugama, se ha dirigido a ellos con un micrófono. "Habéis venido todos los que estáis en esta lucha", les ha dicho.
Continuarán las protestas
Rugama ha destacado que, con la movilización, los afectados han "dado una lección a la capital de Cantabria", y ha advertido al Gobierno de que las protestas continuarán hasta que lleguen las soluciones.
La intención de los representantes de los afectados era reunirse con el presidente, Ignacio Diego, pero no ha sido posible porque estaba en la inauguración de un centro de salud en El Alisal.
"¡Qué casualidad!", ha ironizado Rugama, que, junto a otros compañeros, ha entregado una carta para Diego con las demandas de los afectados de la Ley de Montes que ha recogido Arsenio de la Vega, jefe de gabinete del presidente.
Rugama ha insistido al Gobierno para que "respete la propiedad privada" que, según ha dicho, "debe ser sagrada". "Lo que era de nuestros padres tiene que ser nuestro, y después de nuestros hijos, y si queremos venderlo, lo venderemos, y si lo queremos hipotecar, lo hipotecaremos", ha añadido.
Este portavoz ha demandado al Ejecutivo "un cambio de rumbo" y se ha quejado de que en dos años tan sólo ha resuelto "una treintena de casos" relacionados con la Ley de Montes.
Entre 15 y 20.000 fincas afectadas
Y, pese a ello, "quieren colgarse casi la medalla de oro", ha señalado Rugama, que insiste en que hay entre 15.000 y 20.000 fincas afectadas por la Ley de Montes, de unos 7.000 cántabros.
Los afectados piden seguridad jurídica y no comparten que el cambio de propiedad de un monte de utilidad pública sólo pueda lograrse con una reforma de la Constitución, según asegura el Gobierno.
"Se ha hecho la reforma laboral que afecta a millones de españoles y no se ha cambiado la Constitución", ha declarado Rugama, que resalta que el Ejecutivo debe "aplicar la ley" para reconocer los derechos de los afectados.
Los afectados tampoco ven factible que el Gobierno puede examinar de forma individualizada cada caso, tal y como promete el presidente.
Rugama destaca que el Ejecutivo no tiene ni personal ni medios suficientes para ello, y alerta de que, en caso de que trate de hacerlo, "se meterá en un laberinto".
"Si en dos años han resuelto treinta expedientes a ver cómo resuelven los de 15.000 ó 20.000 parcelas", ha apostillado el portavoz de los afectados.
Además, apunta que las parcelas incluidas en Monte de Utilidad Pública pueden quedar desafectadas con un informe favorable de la Dirección General de Montes. "Y por eso hay gente que está pidiendo ya la dimisión de Manrique", ha comentado, en alusión al director general de Montes.
Rugama cree además que el reconocimiento de la propiedad de los afectados por la Ley de Montes puede ser "un revulsivo" en estos tiempos de crisis, en los que "la gente tiene que volver a campo".
Los afectados han culminado su protesta con la concentración ante la sede del Gobierno, y han avisado de que, en caso de que no se les escuche, seguirán protestando "acto sí y acto no".