Andalucía trasvasará 15 hm3 al entorno Doñana desde el Guadiana y en Lorca exigen más agua

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      "La situación de la agricultura del entorno de Doñana es crítica y necesitamos soluciones a largo plazo, pero también a corto, porque la nueva campaña de berries está a la vuelta de la esquina", ha señalado el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón.

     En este encuentro, la Plataforma también ha dado a conocer que ha solicitado una reunión con representan es de los gobiernos central y autonómico para dar una solución definitiva a la problemática de los regadíos.

     El delegado del Gobierno andaluz, José Fiscal, ya ha accedido a la celebración de esta reunión conjunta y la Plataforma solicitará a la Subdelegación del Gobierno la presencia en la misma del subdelegado, Enrique Pérez Viguera.

     Según Picón, "la respuesta que hemos recibido en nuestros encuentros con el Ministerio y la Junta siempre ha sido positiva, pero hemos detectado que la solución para nuestros regadíos necesita una mejor comunicación y colaboración entre ambas partes, de ahí que hayamos pedido esta reunión conjunta".

     Por otra parte, durante la reunión Caraballo ha asegurado que el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana estará aprobado definitivamente antes de que finalice el mes de noviembre.

     Picón confía en que así sea puesto que "su aprobación ya ha sufrido un retraso que comienza a ser inadmisible" y "es necesario para eliminar la situación de alegalidad que actualmente vive el sector".

Moviliaciones en Lorca si no llega el agua a sus regadíos

      Por su aprte,  la Comunidad de Regantes de Lorca no descarta emprender movilizaciones en Murcia y en Madrid si en breve no recibe los 10 hectómetros cúbicos que precisan los comuneros para mantener sus plantaciones, ante la amenaza de que los riegos sean suspendidos en diciembre por falta de recursos hídricos.

     El presidente del sindicato de riego, Julián Marín, ha afirmado que la situación es "desesperada, los agricultores tenemos la garganta seca" y ha confirmado que las reservas de agua disponibles de agotarán un plazo de un mes.

     Marín ha trasladado esta situación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en una reunión que ha mantenido con él en los últimos días y a la que también acudió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas.

     Los dos fueron informados de la intención de los regantes lorquinos de emprender un calendario de movilizaciones si no reciben agua con la que regar sus plantaciones, que ya tienen el riego racionado, aunque, según Marín, no se han mostrado receptivos a gestionar la llegada del agua.

     El presidente de los regantes ha señalado que "ahora la pelota está en el tejado de Ródenas", pero ha advertido de que si los agricultores se manifiestan en Murcia ante la sede de la CHS "después irán a Madrid" y ha añadido que "no se aplacarán con que los reciba -el secretario de Estado- y los invite a un café".

     En las próximas 24 horas la Comunidad de Regantes fijará ofrecer un ultimátum temporal a la CHS para que redistribuya caudales disponibles en la cuenca y permita la llegada de los hectómetros que necesitan con urgencia, y en caso contrario se someterá a votación de la junta de gobierno si se establece un calendario de protestas.

     Marín ha defendido que él es "regante, comerciante y no político" y que quiere "el consenso, porque siempre se ha dicho que el agua no tiene color", aunque también ha expuesto que se someterá a los dictados de la mayoría de sus comuneros si éstos deciden protestar en las calles, "porque hay muchos trabajos en juego".

      Entre las reivindicaciones de la Comunidad de Regantes a la CHS se encuentra la apertura de los pozos de sequía y que ponga a disposición de los agricultores de Lorca los volúmenes disponibles para la laminación de avenidas, así como los existentes en el embalse de La Pedrera.

      Las demandas al Gobierno central pasan, junto a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional en esta legislatura, por la promulgación inmediata de un decreto de sequía, la fijación de un "precio social" para el agua desalada que no supere los 20 céntimos de euros por metro cúbico y la flexibilización de la normativa vigente para que la cesión de derechos contemplada en el memorándum del trasvase Tajo-Segura pueda ser una realidad.