Este órgano está constituido por representantes de las consellerías de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, de Hacienda y Presupuestos, de Economía y Competitividad y de Salud y de todos los consells insulars.
Además, de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), ayuntamientos, organizaciones agrarias, pesqueras y ganaderas y de consumidores, entidades ecologistas y otros colectivos profesionales vinculados con la gestión del agua y las infraestructuras hídricas de la comunidad autónoma como los colegios de Ingenieros de Caminos y de Minas y la Asociación de Empresas de Sondeos.
Los principales objetivos del nuevo plan son garantizar el buen estado ecológico del dominio público hidráulico, satisfacer la demanda de agua, protegiendo la calidad, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y fomentar un uso racional de este recurso.
Biel Company ha destacado que "se trata de un plan realista y más conservacionista que el documento vigente hasta ahora, del año 2001" y que "busca un equilibrio entre la protección del recurso y la satisfacción de la demanda".
El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio también se ha mostrado satisfecho por el "consenso unánime de los sectores afectados a la hora de votar a favor de este plan" y ha matizado que el plan es "un instrumento para gestionar el recurso del agua y no para hacer política urbanística ", en referencia al elaborado por el Govern durante la pasada legislatura y que el Ejecutivo central no llegó a aprobar.
El plan introduce la figura de masa de agua en sustitución del concepto unidad hidrogeológica, utilizado hasta ahora para clasificar los recursos disponibles, y clasifica estas masas en cuatro categorías en función de su estado ecológico.
En concreto, se clasifican 90 masas de agua en Baleares, de las cuales el 70% se encuentran en un buen estado.
Medidas para garantizar su estado ecológico
Del nuevo plan destaca también toda una serie de medidas encaminadas a garantizar el estado ecológico, como la reducción de la extracción de agua de pozo permitida para consumo doméstico, que pasa de 500 a 400 metros cúbicos al año, y la prohibición de hacer extracciones en los primeros 200 metros de la costa para evitar la salinización de los acuíferos.
También se otorga la máxima protección posible que recoge la Ley de Aguas a las 4.215,15 hectáreas calificadas actualmente como zonas húmedas de las Islas y se recoge la posibilidad de recuperar futuras zonas, así como la posibilidad de recuperar zonas húmedas degradadas e integrarlas dentro de un proyecto urbano.
Además, el plan mantiene los perímetros de protección de los pozos de suministro urbano, así como la distancia mínima entre captaciones, que es de 100 metros, tal como indica la Ley de Aguas.
También fomenta el uso de recursos alternativos (agua regenerada y desalada) para determinados usos con el objetivo de favorecer la recuperación y la mejora de los recursos naturales.
El plan también recoge medidas encaminadas al uso racional y al ahorro de agua, con un objetivo de reducción de pérdidas en red del 20% antes del año 2021, impulsando que las nuevas edificaciones incluyan grifos de ahorro de agua.
Oposición del Gob al Plan
Por su parte, a asociación ecologista Gob ha denunciado que el Plan Hidrológico desprotege los acuíferos del archipiélago en beneficio de determinados sectores económicos, algo que tendrá "nefastas consecuencias".
El Gob ha criticado en la reunión las "falsedades" con las que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio justifica la retirada del Plan Hidrológico aprobado la pasada legislatura y ha subrayado que la nueva regulación satisface "las expectativas de acceso al agua sin límites ni controles".
Por ello, "perforadores, agricultores y facultativos de minas han estado totalmente de acuerdo y satisfechos" con el plan impulsado por el Govern del PP, indican los ecologistas en un comunicado.
Para el Gob, el nuevo Plan Hidrológico reduce el control de las captaciones de los acuíferos, relaja los requisitos para evitar su contaminación, permite triplicar los pozos existentes y autoriza nuevas extracciones en zonas costeras pese a la salinización generalizada. Asimismo, la entidad critica que la modificación de los límites de las zonas húmedas periurbanas facilita el desarrollo de proyectos urbanísticos como el de Ses Fontanelles, l’Ullal, Porto Petro y Maristany.
Finalmente, los ecologistas inciden en que el plan aprobado hoy incumple la Directiva Marco del Agua e imposibilita el cumplimiento de las regulaciones europeas sobre el buen estado químico y ecológico de las aguas superficiales y la recuperación cuantitativa y cualitativa de los acuíferos