Aragón supera las 50.000 hectáreas de monte con sello de calidad

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    El director general de Gestión Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Roque Vicente, desciende a detalles: “A partir de ahora, todos los productos, como maderas, leñas, setas…, obtenidos cuentan con un sello de calidad y la garantía PEFC (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) , es decir, disponen de una garantía escrita que demuestra que los productos provienen de una superficie gestionada de manera sostenible, lo que supone unos indudables beneficios económicos para estas comarcas, donde cualquier iniciativa relacionada con el empleo ha de ser bien recibida”.

   Encabeza el ranking de la Comunidad Autónoma de Aragón este sello sostenible la Mancomunidad Forestal Ansó-Fago (24.428 hectáreas certificadas). En segundo lugar se sitúa el Grupo de Montes Ordenados (GMO) de Echo-Urdués, con 18.870 hectáreas recientemente certificadas.

   El resto de montes que han obtenido la certificación a lo largo de la geografía cuentan con una extensión mucho menor. En el listado de montes certificados aparecen parajes como el Grupo de Montes Ordenados de Añón del Moncayo (Zaragoza), con 4.459 hectáreas; y varios parajes en el municipio zaragozano de Purujosa (Cerro Gordo, Peña Cerrada, Campanales y Aliagones) con 1.000 hectáreas certificadas.

   El resto de los aprovechamientos forestales que cuentan con esta certificación están ya por debajo de las 1.000 hectáreas. Entre ellas, destaca el Grupo de Montes Ordenados de Talamantes (Zaragoza), que cuenta con la certificación PEFC para 692,81 hectáreas.

   La extensión del resto de los montes certificados en varios términos municipales aragoneses es sensiblemente inferior: Castejón de Monegros (165,62 hectáreas, pertenecientes al Grupo Jorge); Albalate del Arzobispo (27 hectáreas), Montalbán (18 hectáreas), Martín del Río (23 hectáreas), explotaciones en estos últimos tres casos integradas en el patrimonio del Gobierno de Aragón. Cierra el listado de certificaciones, la obtenida por un explotación en los montes de Villarquemado (Teruel), propiedad del Ayuntamiento de esta localidad.

Este proceso no se limita al monte, sino a la industria con la cadena de custodia

   El propio director general de Gestión Forestal insiste en que “este proceso no se limita al monte sino que continúa en la industria, mediante la llamada cadena de custodia hasta que el producto llega al consumidor final con una etiqueta que garantiza que procede de un monte gestionado de forma sostenible.

   El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente apostó en su momento por la implantación de la certificación forestal bajo el sistema PEFC, ya que es el único que admite la modalidad regional. El objeto de esta certificación es la superficie forestal adscrita a una Entidad Solicitante Regional, de forma que los propietarios y/o gestores forestales que la integran, participan y se comprometen, de forma voluntaria, al cumplimiento de los requisitos de la certificación de la gestión forestal sostenible. Los socios fundadores e impulsores de esta Entidad fueron el Gobierno de Aragón, la Mancomunidad Forestal de Ansó-Fago y la Asociación Forestal Aragonesa de manera que en la asociación quedaron representados tanto el propietario público como el privado.

   Roque Vicente indica que “el objetivo principal de la Entidad Regional es agrupar de forma directa o a través de representantes, a los propietarios y gestores tanto públicos como privados, interesados voluntariamente en el proceso de certificación así como obtener el Certificado de Gestión Forestal Sostenible para las superficies de todos sus adheridos. Para obtener dicho certificado hay que superar un proceso de auditoría en la que una tercera parte independiente evalúa la gestión realizada en los montes a través de unos indicadores internacionalmente reconocidos”.

   La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con 2.608.312 hectáreas de superficie forestal; de ellas, aproximadamente la mitad corresponde a montes de propiedad pública, buena parte de ellos, declarados de Utilidad Pública, y gestionados por la Administración Forestal mientras que la otra mitad corresponde a montes de propiedad privada, caracterizados por su pronunciada atomización y el escaso tamaño de las propiedades.