A ese mismo espacio es al que la Junta de Andalucía quiere ampliar la superficie del Parque Natural de los Alcornales, en el que está enclavado la mayor parte de La Almoraima, en concreto más de 12.760 hectáreas, en una maniobra con la que pretende evitar la venta del mayor latifundio de España, que fue expropiado en 1983 a José María Ruiz Mateos.
El tramitación de esta iniciativa del gobierno andaluz, que suspende todas las nuevas actuaciones sobre el uso del suelo en el Parque Natural, ya es un revés para los planes de venta de la Finca, a la que el Gobierno ha puesto un precio de 300 millones de euros.
A ese revés se une el rechazo del alcalde de Castellar, municipio en el que está enclavada la finca, a firmar al nuevo plan de usos.
Y no lo hace por su conocido rechazo a los planes del gobierno de privatizar la finca y crear allí un complejo turístico de lujo, sino por motivos legales y técnicos, por falta de documentación y defectos de forma: "No le puedo decir que sí, estaría prevaricando después de conocer un análisis técnico y jurídico que dice que lo que se plantea no cumple con normativa vigente", dice en declaraciones a Efe.
El rechazo, según ha explicado, se basa en que el proyecto no tiene encaje dentro de la figura legal de un plan especial de usos, no es posible construir un aeródromo de uso privado en suelo no urbanizable, no existe causa de interés general y el plan no cuenta con un informe de impacto ambiental.
La gerencia de La Almoraima presentó este plan al Ayuntamiento en marzo del año pasado, y el municipio observó que la documentación estaba incompleta por lo que requirió que la aportara, algo que hizo en un nuevo documento que llegó al consistorio y en el que se alegaba que el informe de impacto ambiental no era necesario, según el alcalde.
Sin embargo, los técnicos jurídicos consideran que es imprescindible y será uno de los motivos por los que el Ayuntamiento rechazará el plan, tras lo cual, según el alcalde, el Gobierno tendría que hacer uno completamente nuevo, que no incluya aeródromo, que tenga un informe de impacto ambiental y que encuentre encaje legal.
El alcalde propone diversificar los usos porque "para hacer un hotel no se necesitan más que 20 o 30 hectáreas" y porque, en su opinión, la mayor y más estable fuente de riqueza y empleo para la zona sería la creación de un Polígono Industrial verde con industrias de transformación de productos agrícolas, ganaderos o forestales, como el corcho, y de energías renovables.
Arias Cañete lamenta las maniobras de la Junta
Por su parte, el ministro ha asegurado que "me da mucha pena que el Gobierno andaluz intente boicotear una operación de venta (La Almoraima) haciendo una ampliación, sin sentido ambiental, de un parque natural". Y todo, para impedir que se desarrolle un proyecto urbanístico en esta finca ubicada en el entorno del parque natural de Los Alcornocales -todavía pública y que el Gobierno quiere privatizar-, que en opinión del ministro "hubiera sido muy positivo para una zona muy deprimida" como es Castellar de la Frontera (Cádiz).
En todo caso, ha afirmado que el Gobierno "no va a paralizar el proceso de privatización de La Almoraima", que seguirá adelante. Arias Cañete ha recordado que todo lo que tiene valor ambiental en la finca está ya dentro del Parque Natural de Los Alcornocales. Pero también hay parte de los terrenos que son de utilidad agraria o ganadera, por lo que "es absurdo" y "no tiene ningún sentido" su protección, dijo Arias Cañete.
Ha subrayado que en La Almoraima se quería hacer un desarrollo "muy positivo" para el turismo, la creación de riqueza y la generación de empleo. Criticó la actuación de la consejera del ramo, "pactada con su aliado comunista, el señor Valderas" -en referencia al socio de Gobierno de IU-, que "va en radical contradicción con el discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al asegurar que iba a dinamizar económica y socialmente Andalucía.
Ha criticado así "la maniobra" de la Junta de Andalucía de ampliar la protección del parque porque impide el desarrollo económico y social del municipio de Castellar. Ha apuntado que Castellar tiene poco término municipal, por lo que la parte del mismo que no tiene valor ambiental podría servir para dinamizar la economía local, que ahora quedará condicionada.
"La privatización seguirá adelante, pero quizás se impedirá el desarrollo económico futuro" de la localidad, por lo que, en su opinión, la presidenta de la Junta "debería cambiar su discurso".