"La nueva ley pretende equilibrar el peso entre una distribución muy concentrada y una oferta muy atomizada, con cerca de un millón de agricultores y 30.000 industrias", explicó posteriormente a la prensa.

     Interrogado sobre la "receptividad" de los diferentes sectores que forman parte de esta cadena, el ministro reconoció que "todo el mundo pretende que la norma se ajuste lo más posible a sus intereses", aunque insistió en que debe ser elaborada "pensando sobre todo en los productores".

    Cañete aseguró que la futura ley ha despertado la atención de la Comisión Europea y de países como Portugal, con los que ha intercambiado documentación.

    "Pero no sólo podemos limitarnos a cambiar la normativa, hay que concentrar más la oferta, conseguir una mayor integración entre cooperativas e invertir en innovación", apuntó.

Se sigue buscando un acuerdo de autoregulación en el sector lácteo


    El titular de la cartera de Agricultura recordó que al mismo tiempo se está trabajando actualmente con el sector lácteo para conseguir un "acuerdo de autorregulación" que permita garantizar a los ganaderos un precio justo por su trabajo.

    Tanto Cañete como su homóloga portuguesa anunciaron que estarán los dos en Bruselas la próxima semana en las negociaciones finales sobre el programa de ayudas comunitarias (PAC) para el período 2014-2020, y que por este motivo no asistirán a la Cumbre Ibérica que se celebra en Madrid el lunes 13 de mayo.

    "Asistirán en nuestro nombre los respectivos secretarios de Estado, estamos todavía definiendo la agenda de trabajos pero se centrará más en asuntos medioambientales", avanzó Assunçao Cristas.

La CE propone simplificar y reforzar leyes de seguridad


    Por su parte,
la Comisión Europea (CE) ha propuesto un paquete legislativo para hacer más simples y también más fuertes las normas comunitarias que se aplican a la cadena alimentaria, de cara a evitar fraudes como el de la presencia de carne de caballo en productos preparados etiquetados como bovinos.

     Las nuevas normas tratarán de proteger mejor la salud y establecer estándares y controles más seguros de los animales y las plantas, reduciendo la carga administrativa para los operadores y simplificando la regulación con especial consideración para las pymes y las microempresas, según la propuesta que presentó el comisario europeo de Sanidad, Tonio Borg, en una rueda de prensa.

     "Europa tiene los mayores estándares de seguridad alimentaria del mundo. No obstante, el reciente escándalo de la carne de caballo ha mostrado que se puede mejorar, aunque no haya habido riesgos para la salud", indicó el comisario.

    La propuesta disminuirá a cinco las 70 leyes actuales sobre la cadena alimentaria, de forma que también se reducirán los procedimientos que afrontan agricultores y productores, procesadores y distribuidores que conforman la industria agroalimentaria europea, el segundo mayor sector económico en la UE (da empleo a 48 millones de personas y está valorado en 750.000 millones de euros anuales).

    La nueva legislación fortalecerá los instrumentos de los Estados miembros para llevar a cabo controles e inspecciones en su territorio y comprobar que se cumple la normativa comunitaria.

     Borg apuntó incluso a que la Comisión pudiera exigir que pruebas como las de ADN realizadas para detectar el alcance del fraude de la carne de caballo fueran obligatorias.

Se ampliará el sistema de tasas, salvo para las microempresas


    Para financiar la aplicación efectiva de estos controles, la CE insta a ampliar el actual sistema de tasas a otros sectores de la cadena alimentaria que actualmente no son de pago.

    Las microempresas quedarán exentas de esas tasas pero no de los controles, y se pedirá a los Estados miembros que integren plenamente inspecciones antifraude en sus planes nacionales de control y que establezcan sanciones económicas "verdaderamente disuasorias" para casos de incumplimiento.

    En lo referente a sanidad animal, la Comisión propone mejorar las normas y diseñar un sistema común para detectar y controlar mejor las enfermedades y abordar de forma rápida y coordinada los riesgos de seguridad para la salud, los alimentos y los piensos.

    La Comisión también recuerda que el valor de los cultivos de la UE es de 205.000 millones de euros al año, y considera que, para evitar que las nuevas plagas se asienten en la UE y para proteger a los cultivadores y al sector forestal es necesario reforzar el régimen fitosanitario existente.

    Así, pide prestar más atención al comercio de alto riesgo procedente de terceros países y a la trazabilidad de los materiales de plantación en el mercado interior, además de mejorar la vigilancia y erradicar pronto los brotes de nuevas plagas.

    Por lo que respecta a los materiales de reproducción vegetal, la CE sugiere unas reglas más sencillas y flexibles para la comercialización de semillas y demás materiales de reproducción vegetal, a fin de mantener la productividad, la adaptabilidad y la diversidad de los cultivos y los bosques de Europa y facilitar su comercio.

    Cualquier no profesional podrá intercambiar semillas con otros particulares sin que se le aplique el reglamento propuesto, a la vez que las microempresas podrán comercializar cualquier tipo de materiales sin registro. El 60 % del volumen mundial de exportación de semillas procede de la UE, recordó la Comisión.

    A continuación, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE deberán estudiar y pronunciarse sobre la propuesta, de forma que la CE calcula que podría entrar en vigor en 2016.

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