Entre los acuerdos adoptados, Arias Cañete ha destacado el pacto alcanzado por unanimidad de todos los consejeros, para establecer un sistema de aplicación nacional de la PAC. En relación con el régimen de Pago Básico, se ha establecido un modelo de regionalización, que toma como punto de partida la comarca agraria, con una división del territorio nacional entre 22 y 24 regiones agronómicas. Para el ministro, “este sistema dará viabilidad a todos los sectores productivos en todo el territorio español, que van a seguir percibiendo ayudas muy similares a las del periodo anterior”.
En este sentido, Arias Cañete ha asegurado que las ayudas de los agricultores de una determinada comunidad autónoma no van a variar al alza o a la baja más allá del 0,67% de la ficha total de ayudas directas. “Por lo tanto, los movimientos no son significativos entre comunidades ni entre agricultores”, ha añadido.
585 millones en pagos acoplados
En segundo lugar, el ministro ha detallado que la Conferencia Sectorial ha decidido cuáles van a ser los pagos acoplados a poner en marcha en la nueva PAC. Para ello, se ha seguido la línea acordada en la Conferencia Sectorial de tener en cuenta aquellos sectores que pudieran tener problemas y riesgo de abandono. Básicamente, la ganadería es el sector que va a recibir más apoyos de los pagos acoplados, “que es la gran olvidada en la Reforma y, por lo tanto, va a concentrar el mayor volumen de pagos acoplados”.
En concreto, Arias Cañete ha indicado que la amplia mayoría de los consejeros han apoyado la propuesta del Gobierno de que los sectores que van a recibir pagos acoplados van a ser el vacuno de engorde, la vaca nodriza, el vacuno de leche, el ovino, el caprino, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate para la industria, los frutos de cáscara y algarrobas, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad.
En total, el ministro ha apuntado que se van a destinar a pagos acoplados cerca de 585 millones de euros, el 12,08 por ciento del total de las ayudas directas. También se ha decidido que la Conferencia Sectorial podrá revisar los importes asignados a estos sectores acoplados y la posibilidad de introducir nuevos cultivos o producciones acopladas, singularmente, el olivar de pendiente o de baja producción, el trigo duro, la uva pasa o la satsuma par industrialización, en función de que exista riesgo de abandono o dificultades de sostenibilidad económica de estos sectores.
No ve riesgo para el olivar y cree que va a salir beneficiada
Asimismo, Arias Cañete ha asegurado que los agricultores y ganaderos van a tener la garantía de que se va a vigilar el funcionamiento de los mercados, “por si fuera necesario revisar los sectores acoplados, introducir sectores nuevos que han sido demandados por los consumidores o mejorar al alza la dotación de los sectores actuales”.
Sobre la situación del olivar, Arias Cañete ha asegurado que este sector no está en riesgo de abandono o en dificultades de sostenibilidad económica. “Es más, tiene ayudas importantes, está muy apoyado en la Unión Europea. En concreto, el olivar en Andalucía tiene unas ayudas importantes”, ha subrayado.
En cualquier caso, Arias Cañete ha señalado que la PAC que se ha negociado favorece al olivar, ya que se ha evitado la introducción de la tasa plana y va a mantener un nivel de ayudas similares al actual. “El olivar es el gran beneficiado de este sistema que vamos a aplicar”.
Definición "histórica" de los agricultores activos
Por otra parte, el ministro de Agricultura ha señalado que “hemos dado un paso histórico en el proceso de centrar las ayudas en los agricultores activos y en las explotaciones con actividad, algo que se hace por primera vez en la política agraria nacional”. En este sentido, el ministro ha apuntado que no se considerarán agricultores activos aquellos cuyas ayudas directas supongan más de un 80% del total de sus ingresos agrarios. También ha aclarado que este sistema se va a aplicar a los agricultores que perciban más de 1.250 euros de ayudas directas al año. Para el ministro, “se trata de evitar que alguien cobre unas ayudas comunitarias sin tener una actividad económica sobre el territorio”.
Según ha detallado el ministro, esta medida va a afectar a 71.476 productores y va a permitir que 550 millones de euros pasen de agricultores que no tienen una actividad agraria significativa hacia agricultores que tienen en la misma comarca una actividad agraria importante.
En este apartado, también se ha tenido en cuenta que haya actividad agraria en el territorio. Así, Arias Cañete se ha referido al caso concreto de las explotaciones ganaderas vinculadas a pastos, que deberán tener 0,20 unidades de ganado mayor por hectárea, por ejemplo, en cinco hectáreas tiene que haber, al menos, una vaca.
Fondos para el desarrollo rural
Finalmente, se ha procedido a distribuir los 8.053 millones de euros para Desarrollo Rural entre las Comunidades Autónomas, “tratando de corregir las disfunciones y los desequilibrios que se produjeron en el reparto que hubo para el periodo 2007-2013”, ha recalcado.
Arias Cañete ha recordado que en ese año España perdió una parte sustancial de fondos de desarrollo rural. “Pero, sin ningún criterio objetivo, el Gobierno anterior hizo que tres Comunidades Autónomas (Andalucía, Castila-La Mancha y Extremadura) no perdieran fondos sino que incrementaran sustancialmente sus recursos”.
Ahora, el sistema de reparto que ha seguido este Gobierno, “muy a diferencia del Gobierno anterior que no siguió ningún criterio y que premió a tres comunidades y castigó al resto”, aplica criterios objetivos.
Para ello, se ha seguido el criterio de integración que utiliza la Comisión Europea para repartir fondos entre los Estados Miembros. Hemos utilizado indicadores sobre la situación económica, medioambiental y territorial, relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial equilibrado.
Justifica el recorte a Andalucía
Sin embargo, Arias Cañete ha destacado que cuando se hizo este ejercicio se constató que Andalucía, “que había sido la gran beneficiada en aquel reparto totalmente injusto del periodo de programación anterior”, tenía que perder cerca de 405 millones de euros. “Conscientes de que era una cifra muy importante y que podía comprometer el desarrollo de programas de carácter estructural, el Gobierno propuso en los grupos de trabajo que hubiera un estabilizador de pérdidas, es decir, que nadie perdiera más del 10%”.
Aplicando este estabilizador, el ministro ha señalado que la reducción de Andalucía se limita a 211 millones de euros, “que se han aplicado a corregir, parcialmente, la injusticia que se hizo en el pasado con el resto de las comunidades autónomas”. Por lo tanto, “hemos hecho un reparto objetivo, basado en indicadores de la Unión Europea, lo hemos modulado para disminuir las pérdidas que tenía que haber experimentado Andalucía y hemos empezado corregir las injusticias que hizo el Gobierno anterior en el reparto de fondos”.