Asaja Extremadura ha conseguido que la Comisión Electoral Central acepte los recursos presentados por esta organización y que los agricultores y ganaderos de Villamesías y de Ruanes puedan  tener sus propias mesas electorales y votar en localidades más cercanas y no donde pretendía la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Según ha asegurado Asaja en un comunicado, la Consejería había establecido que estos agricultores y ganaderos votasen “a más de 222 kilómetros en el primer caso (los desplazaba a San Martín de Trevejo), y a 16 kilómetros (Santa Cruz de la Sierra) en el segundo”.

Ahora, ha explicado, los electores de Villamesías lo harán en Abertura, a 8 kilómetros, mientras que los de Ruanes, como había pedido Asaja, votarán en sus propias mesas electorales en Santa Ana, a 3 kilómetros.

Ahora se evitará desplazamientos a largas distancias teniendo la posibilidad de realizar en localidades mucho más próximas

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha valorado que “por fin impere la lógica” en esta cuestión que “no era un capricho” por parte de la organización sino que su recurso “se basaba en la propia resolución publicada en el DOE”.

Ésta especifica que para los casos en los que el municipio cuenta con un censo de menos de 10 electores, en dicha localidad no se ubicarán mesas electorales y deberán de ejercer su derecho al voto “en aquellos municipios y núcleos de población de acuerdo con criterios de proximidad y comunicación”.

Sin embargo, ha lamentado, la lógica no es completa porque también había presentados otros dos recursos que afectaban en la misma medida a los electores de Membrío y Villasbuenas de Gata, que “serán desplazados de forma obligatoria a largas distancias teniendo la posibilidad de realizar en localidades mucho más próximas”.

De otro lado, Asaja Extremadura ha presentado otro recurso vía administrativo de cara a impugnar el censo definitivo de electores para la celebración del procedimiento electoral y después de haber presentando uno de reposición, el 30 de diciembre, contra la resolución del censo provisional dictaminado por la Junta.

Entiende que se trata de una resolución “contraria a derecho” por prescindir sustancialmente del procedimiento legalmente establecido para la elaboración, de oficio, del censo, “cuyos vicios no han sido subsanados durante estos meses hasta su resolución definitiva”.

Estas “irregularidades” se basan en tener que abonar una serie de tasas para obtener un certificado y poder votar, lo que “claramente se considera un claro impedimento para ejercer libremente el derecho a voto, tanto a las personas físicas como jurídicas”.

En este sentido, ha recordado que “sólo podrán ejercer su derecho al voto unos 13.157 agricultores y ganaderos de los aproximadamente 58.000 que existen en la región”.

Además, el censo electoral, como marca la Ley Agraria de Extremadura en su artículo 308, sigue sin ser publicado en la web de la Consejería, lo que impide la posibilidad de formular alegaciones contra el censo definitivo por parte de los profesionales del campo no incluidos en el mismo y que debieron estarlo.

“Nada dice de los recursos que caben a favor de terceras personas interesadas, como es esta organización agraria y candidata al proceso electoral, que presenta este recurso”, ha añadido.

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