ASAJA levará al Consejo Agrario sus propuestas para la politica agraria regional de los próximos 4 años

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Mañana viernes se celebra el primer Consejo Regional Agrario de la nueva legislatura, encuentro que ASAJA de Castilla y León considera que debe servir para marcar, entre los representantes de la Administración regional y del sector, las líneas principales que sustenten la política agraria a seguir estos próximos cuatro años en Castilla y León. Para ello, ASAJA, como organización profesional agraria mayoritaria, ha elaborado un documento que recoge sus propuestas para este periodo, clave por el contexto de crisis global en el que nos encontramos, y clave también porque en estos meses está cuajando una nueva reforma de la PAC.

ASAJA considera que lo más urgente en estos momentos es aprobar medidas encaminadas a solucionar la crisis del sector ganadero. “Hay que conseguir un repunte de precios por la vía de aumentar las ventas, pero también mejorar la capacidad negociadora del sector primario con la industria y la distribución”, señala ASAJA. En este sentido, reclama la inmediata puesta en el mercado de la leche marca “Tierra de Sabor”, figura de calidad que ASAJA seguirá apoyando, a condición de que redunde en una mejora en la demanda y en los precios de los productos que se adquieren a los agricultores y ganaderos de la región.

Otros puntos que ASAJA propone para el sector agroganadero son la revisión de los programas de sanidad animal, un paquete de políticas específicas para la ganadería de la periferia de la región y la introducción de la quema de rastrojos controlada para prevenir problemas de sanidad vegetal. También expresa la OPA su preocupación por la incidencia que los recortes presupuestarios de las administraciones pueden tener en las infraestructuras agrarias, especialmente en la modernización de regadíos.

En cuanto a medidas horizontales, ASAJA vuelve a incidir en que los jóvenes agricultores y ganaderos deben ser la prioridad absoluta de la legislatura. Las ayudas a la incorporación y modernización de explotaciones, así como las dirigidas al cese anticipado, deben contar con una financiación sin restricciones. Paralelamente, la Junta debe promover la fluidez y mejores condiciones de créditos por parte de las entidades financieras, y en particular de cajas rurales y de ahorro o bancos formados por capital de estas cajas. También recuerda la OPA la importancia de los seguros agrarios como soporte y colchón de las explotaciones para superar posibles riesgos y eventualidades. Respecto a la ordenación productiva, ASAJA pide al continuidad en las cuotas del sector lácteo, así como en el sector remolachero, y también la no liberalización de los derechos de plantación del viñedo.

ASAJA considera que el sector agrario ya ha hecho suficiente esfuerzo al reducir su presupuesto en años anteriores, por lo que las restricciones no deberían afectar a la consejería de Agricultura en el año 2012 y siguientes. Además, el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León, anunciado por el presidente Herrera, debe contar con “garantías y compromisos” para su ejecución.

Nuevos órganos de interlocución provincial

Aunque ASAJA reconoce los avances de estos últimos cuatro años en la interlocución de la Consejería con el sector agrario, denuncia una vez más “un déficit de interlocución con el Gobierno en su conjunto”. Así, ASAJA reclamará, en todos los foros posibles, la inclusión del sector agrario en el Diálogo Social para representar al sector primario y por extensión al mundo rural.
Una propuesta concreta de ASAJA es la creación de unos órganos de interlocución agraria, de carácter provincial, para las relaciones con la Junta, en los que se integraría el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, los jefes de Sección, las organizaciones representativas y la Cámara Agraria.

Por último, ASAJA pide se institucionalice el papel de colaboración que tienen las organizaciones agrarias por los servicios que prestan al sector (formación, información, gestión de ayudas…). Un papel que es fundamental para “adelgazar” una administración agraria que está sobredimensionada en personal y que debería marcarse como objetivo la reducción de un 25 por ciento de su plantilla en la legislatura, lo que permitiría ahorrar en gasto corriente y destinar los recursos a inversiones reales y transferencias corrientes a los productores.