Asaja lleva a los tribunales la supresión de las ayudas a la remolacha en CyL

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   Desde que en junio de este año, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León anunciara la retirada de su apoyo al sector remolachero regional al suprimir la ayuda de 3 euros por tonelada que tenía comprometidos durante 5 campañas, habiendo sólo cumplido en las 2 primeras, Asaja Castilla y León tuvo claro que se trataba de una decisión “completamente injusta tanto en el fondo como en la forma” y por ello ha ido dando los pasos oportunos para que la decisión fuera revocada.

   Hasta ahora, segúnn señala en un comunicado, solo cabía la vía administrativa, a través de la cual la organización ha presentado más de 1.600 recursos administrativos a todos los afectados que así lo demandaron. A lo largo del mes de septiembre, los recursos se presentaron contra la decisión de la Junta de dejar sin efecto la medida de apoyo que recogía el Plan de competitividad en el sector remolachero, con el objetivo de fijar un marco estable para el cultivo de remolacha en Castilla y León en las campañas 2008/2009 a 2013/2014.

    El 19 de octubre, la Junta publicaba un nuevo acuerdo, el 88/2012, desestimando los primeros recursos de reposición interpuestos, con el que se pone fin a la vía administrativa, ámbito en el que la organización agraria confiaba en que la Junta rectificaría su errónea decisión.

    También en el mes de octubre se hizo preciso volver a utilizar esta vía contra la Orden AYG/776/2012, que se publicaba el 25 de septiembre y que anulaba las solicitudes de ayuda tramitadas con la PAC 2011. La organización volvió a poner a disposición de los afectados sus servicios jurídicos para pedir su revocación.

   Hay que recordar la importancia del sector en Castilla y León, que con cerca de 30.000 hectáreas, 6.000 cultivadores y alrededor de 3 millones de toneladas de producción cada campaña ocupa la primera posición a nivel nacional. El impacto de la retirada de la ayuda supone no sólo la pérdida directa a los remolacheros de más de 25 millones de euros, si no que al dejar al cultivo en los límites de la viabilidad económica hace temer por su liquidación, posibilidad gravísima para la economía regional por el entramado de actividad que se deriva de su producción e industria.