La ley prevé la creación de una comisión liquidadora, formada por tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cuatro representantes del Principado, que deberá formarse en el plazo de un mes y sus trabajos deberán estar finalizados en el plazo de seis meses desde su constitución.
Esta comisión adoptará también decisiones sobre el personal, cuya plantilla está compuesta por dos personas con contrato laboral indefinido, y realizará la valoración del patrimonio inmobiliario y la cuantificación de las deudas acumuladas.
La liquidación será para las organizaciones agrarias
La liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria se destinará a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en Asturias para ser destinado a fines y servicios de interés agrario.
A esta iniciativa se ha opuesto el colectivo Asturias Ganadera, compuesto por diez asociaciones, que rechaza la entrega de los locales, garajes y de 650.000 euros de la Cámara Agraria a los sindicatos "convencionales" (UCA, ASAJA y COAG).