EFE.- Según un comunicado de la organización, con la única excepción de las variedades extratempranas y tempranas de mandarina, los precios en origen se mantuvieron por debajo de los costes de producción en los momentos cruciales de la temporada.

En el caso de las naranjas, los precios en el campo no llegaron a cubrir siquiera el desembolso necesario para cultivarlas durante casi cinco meses de la campaña, es decir, durante la mayor parte de la misma.

Respecto a las mandarinas, la evolución fue ligeramente más favorable si se tiene en cuenta que las cotizaciones en el campo se situaron por debajo de los costes productivos durante tres meses en lugar de cinco, como sucedió con la naranja.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha manifestado que la temporada "se cierra nuevamente de forma calamitosa para los productores", que son la base principal sobre la que se sustenta un sector en el que todos los que participan "sacan su parte de beneficio, por mínimo que sea, con la única excepción del agricultor".

Aguado ha asegurado que se está llevando a la citricultura "a un callejón sin salida" y a una situación "de quiebra técnica", y ha explicado que la cosecha de este año "era perfectamente asumible por el mercado en términos rentables, pero las cosas no se han hecho bien".

En su opinión, esa "falta continua de rentabilidad" para el agricultor -que esta campaña va a traducirse en unas pérdidas globales de unos 310 millones de euros- tendrá además consecuencias "muy graves" en abandono de superficie de cultivo y destrucción de empleo y riqueza.

El informe de AVA-Asaja apunta que este año dejarán de cultivarse, a causa de la crisis naranjera, entre 7.000 y 10.000 hectáreas de cítricos en la Comunitat Valenciana, lo que implicará a su vez el cierre de entre 3.500 y 4.500 explotaciones y la pérdida de unos 3.000 empleos y un volumen de negocio de 62,5 millones de euros.

Aguado ha alertado de que "están en juego 160.000 puestos de trabajo" en la Comunitat Valenciana que dependen directamente de este sector, y ha considerado "indispensable" que la nueva Política Agraria Común (PAC) incluya medidas correctoras que actúen sobre la estructura del mercado agroalimentario, corrijan desequilibrios y frenen la falta de rentabilidad de los agricultores.

Además, ha instado al Ministerio y a la Conselleria de Agricultura a acelerar al máximo la tramitación de los proyectos legislativos para fomentar "las buenas prácticas comerciales".

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