El conseller ha insistido en que la normativa no implicará un desarrollo urbanístico residencial en suelo rústico, porque las reformas y cambios de usos limitarán los volúmenes en función de las edificaciones preexistentes.
A su juicio, "es justo compensar a quienes durante años han mantenido las explotaciones agrarias" con la posibilidad de completar sus ingresos con actividades como la venta directa, que tendrá que ceñirse a los productos propios y no ocupar dependencias superiores a los 150 metros cuadrados.
Las ‘agrotiendas’ serán un estímulo a la industria agroalimentaria
Además, las "agrotiendas" significarán un estímulo para la industria agroalimentaria y el desarrollo de sectores en expansión como el enológico y el oleícola, ha explicado.
Otro de los aspectos novedosos de la futura ley es la creación de cotos para regular la recogida de setas, caracoles o espárragos y permitir que los propietarios de tierras obtengan beneficios económicos de estas actividades tradicionales.
El conseller ha hecho hincapié en que en los últimos años se ha perdido el respeto a los propietarios de fincas por parte de algunos aficionados a la recolección de setas o caracoles. "’Foravila’ tiene propietarios y hay muchos que no lo respetan", ha dicho para argumentar la necesidad de crear los nuevos cotos.
En el desarrollo de usos complementarios al agropecuario tendrán mayores ventajas los titulares de "explotaciones agrarias preferentes", figura creada para dar mayores facilidades a los payeses cuyos ingresos proceden mayoritariamente del trabajo del campo.
Regulación de la explotación de las áreas forestales
La futura Ley Agraria regula también la explotación de áreas forestales para producir energía a partir de la biomasa, el riego con aguas regeneradas y la consideración específica del sector equino, que según Company no solo no es una actividad "para señoritos", como a su juicio piensan algunos, sino un área cuyo desarrollo puede resultar estratégico para el campo balear.
El conseller ha asegurado que el proyecto legal está "totalmente consensuado", tanto con los profesionales agrarios como con los sectores turístico y comercial, y ha afirmado que quien "de forma malintencionada" critica la ley "está dañando al sector agrario".