En relación a los reales decretos que ultima el Gobierno para aplicar la reforma de la PAC, Blanco critica que "se hayan venido abajo" la definición de agricultor activo y las exigencias de actividad para el cobro de primas ganaderas.

     Ambos aspectos, según Blanco, "eran una luz dentro del túnel" de la PAC, porque abrían paso a la profesionalización y a un modelo social de agricultura, pero esto "se ha apagado" debido a que la Comisión Europea (CE) "ha conminado" al Ministerio a dar "marcha atrás" en lo que ya había pactado antes con las autonomías.

     Alude a las propuestas que habían acordado Gobierno y Comunidades Autónomas para que el receptor de ayudas de la PAC obtenga al menos un 20 % de sus ingresos del campo; en ese proyecto, se incluirán excepciones, tras las últimas recomendaciones de Bruselas.

     "Nos tememos que la definición de agricultor activo ha quedado desactivada; de nuevo se van a colar unos 900.000 solicitantes de ayudas, cuando apenas hay 400.000 profesionales", indica.

     En cuanto a la ganadería, cuestiona que una explotación pueda percibir subvención por tener pastos, sin justificar "ni una sola cabeza".

     "Somos conscientes de los esfuerzos del Ministerio y la comunidades autónomas, pero se han devaluado por la CE", plantea.

     Sin embargo, 2014 ha tenido "claros y oscuros" para COAG, con algunos aspectos positivos como los avances de la Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria o en reivindicaciones fiscales.

     Blanco atribuye la disminución de los ingresos del agricultor a una "desregulación" en la cadena de producción de alimentos o a las implicaciones del veto de Rusia contra las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea, en este último caso más impactantes para las ventas de leche o productos hortofrutícolas.

     Esto demuestra, según COAG, que la volatilidad en los mercados es económica y "política", porque las decisiones "nos afectan" y, por ello, son necesarias medidas de protección de las producciones.

     En cuanto a los aspectos positivos del año, valora la entrada en vigor de la Ley para la Mejora de la Cadena Alimentaria: "Si bien hemos criticado sus lagunas, tenemos esperanzas y expectativas en ella; es un hito y permitirá eliminar abusos".

     Entre sus ventajas, destaca la obligación de hacer contratos de compraventa, que "hoy por hoy" solo existe en el segmento lácteo, o las actuaciones contra la morosidad en los pagos.

     Blanco ve positivas, además, las reivindicaciones conseguidas para reducir los costes de las tarifas eléctricas del riego (como la excepción del 85 % en el impuesto especial de la electricidad) o los ajustes en la cotización por módulos.

     Sin embargo, opina que "queda lo más importante": que el Ministerio de Industria acepte los contratos de temporada porque el agricultor no puede "pagar facturas 12 meses" si riega seis

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