Cañete subraya el carácter “pionero” de las elecciones agrarias… que irán a los tribunales

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    Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados para defender este proyecto de ley, Arias Cañete ha detallado que esta norma “articula un procedimiento democrático de determinación del peso representativo real de las organizaciones profesionales agrarias, para establecer una interlocución ponderada con la Administración General del Estado, en el seno del Consejo Agrario, para garantizar los intereses de los agricultores y ganaderos en la formulación de las políticas y estrategias nacionales”.

    Además, el ministro ha enfatizado que este Gobierno reconoce “la trascendencia y el valor del trabajo” que las organizaciones profesionales agrarias desempeñan en defensa de los intereses generales de los agricultores. Prueba de ello “son las más de cien reuniones mantenidas, hasta la fecha, con los altos cargos del Departamento, incluidas las siete convocatorias del Comité Asesor creado en la pasada Legislatura, pero que este Gobierno reunió por primera vez”.

    Por este motivo, Arias Cañete ha explicado que resulta imprescindible potenciar los mecanismos de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias  para que “quienes ejerzan la representación de todos los que desarrollan una actividad agrícola y ganadera lo hagan con la legitimidad necesaria, y se puedan cumplir, además, los principios de transparencia y participación propios de una Administración democrática consolidada”.

El Estado quiere saber la representatividad actual de las OPAs

   Por otra parte, el ministro ha recalcado que lo que pretende regular el proyecto “no es un proceso electoral propiamente dicho, sino una consulta para conocer el peso representativo real de cada organización profesional, mediante un proceso igualitario y transparente”.

   A juicio del ministro, el modelo actual de la ley de 2009 no permite obtener datos fiables sobre la realidad de las organizaciones profesionales agrarias. “Cuando las elecciones no se celebran simultáneamente o, incluso, no se celebran, ni se aplican criterios homogéneos en las distintas Comunidades; cuando varían los censos y no son siempre lo suficientemente amplios, sencillamente no es posible medir la representatividad de estas organizaciones, ni establecer una interlocución ajustada, en la que tenga voz el conjunto de las explotaciones agrarias españolas”, ha detallado.

    En la situación actual, ha recordado el ministro, tan sólo Castilla y León, Cataluña y Madrid han convocado elecciones con regularidad (la mayoría de legislaciones autonómicas prevén elecciones cada cuatro años), otras ocho no las convocan desde 2002 -Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y Murcia- y en otras seis no hay elecciones a Cámaras Agrarias desde 1978. “De hecho, en el modelo actual, las Comunidades miden la representatividad en su territorio cuando lo estiman oportuno y si así lo deciden, pero no existen los requisitos necesarios para medir la representatividad en el ámbito estatal”.

    “Así, el Estado no tiene conocimiento, hoy por hoy, de cuál es la representatividad de estas organizaciones en el territorio nacional. Y, sin ese conocimiento, no se puede establecer una interlocución adecuada, que garantice que el sector agrario tiene la participación y el poder de decisión que le corresponde”, ha manifestado Arias Cañete. “A falta de un criterio objetivo, lo que se ha hecho tradicionalmente es otorgar una representatividad a partes iguales entre las organizaciones de ámbito nacional”, ha añadido.

Características del proyecto de elecciones agrarias

    El ministro ha explicado que este proyecto de ley establece “un procedimiento de consulta directa y simultánea, en todo el territorio nacional, basado en principios de transparencia y objetividad, con criterios comunes en toda España y garantía de convocatoria periódica, cada cinco años, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

    La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto, de forma presencial en las mesas o mediante voto por correo. Habrá mesas de consulta en cada capital de provincia y tantas otras como sean necesarias en función del censo de la demarcación provincial. Y, en ningún caso, abarcarán más de 1.400 electores, para garantizar un fácil acceso en todo el territorio.

    Como principio básico del proyecto, Arias Cañete ha destacado la ampliación del censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura. “Serán electores las personas físicas y jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en él, por igual para toda España. Se trata, por tanto, de reforzar la legitimidad del resultado, evitando exclusiones de la participación en la consulta. Además, se publicará el censo, que podrá subsanarse en su caso, para contar con las máximas garantías de imparcialidad y rigor”.

    En cuanto a las candidaturas, serán publicadas en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al igual que la ubicación de las mesas y las localidades que agrupará cada mesa. Concluido el proceso, los resultados implicarán el reconocimiento de organización “representativa” a toda organización profesional que obtenga votos en el proceso, independientemente del número obtenido.

Representación mínima del 15% a nivel estatal

    En cuanto a las organizaciones “más representativas”, el ministro ha explicado que serán las que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis Comunidades Autónomas, al menos un 5% de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.

    Las OPA que obtengan la consideración de “más representativas” participarán en el Consejo Agrario, que sustituye al antiguo Comité Asesor Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio, y cuya finalidad es asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés agrario y rural. La representación de las organizaciones profesionales en este Consejo –con un total de 10 puestos– será proporcional a los resultados obtenidos en la consulta.

    Las funciones del Consejo serán informar los proyectos normativos en materia de agricultura y desarrollo rural, informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal, y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario; formular recomendaciones para la adopción de medidas, y efectuar sugerencias sobre políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los profesionales agrarios.

    La Ley garantiza la celebración de, al menos, una reunión ordinaria del pleno cada seis meses, además de tantas como sean necesarias con carácter extraordinario, rompiendo así con la ausencia de reuniones del anterior Comité Asesor que se produjo hasta 2011.

    Por último, el proyecto de ley establece que la representatividad obtenida por las organizaciones profesionales también sea tenida en cuenta en la concesión de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo de actividades de representación y colaboración ante la Administración del Estado.

Enfado de las organizaciones COAG y UPA

     Las organizaciones agrarias COAG y UPA opinan que el Gobierno no ha buscando consenso para redactar el proyecto de ley de representatividad de las organizaciones agrarias. Así lo han asegurado a las puertas del Congreso de los Diputados, los secretarios generales de COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, respectivamente.

    Blanco ha considerado que el Gobierno y el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "que es el responsable primero, no han dado oportunidad al consenso". A su juicio, es un texto que no ha pasado ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo Económico y Social, "y no se ha negociado en absoluto con las OPAs, ni con los partidos políticos".

    Por ello, teme que en la tramitación parlamentaria se aplique "también el rodillo de la mayoría" del PP. Para Blanco, con esta futura ley el ministro quiere "limitar las posibilidades de aquellas OPAs" que son "críticas" con las políticas del Gobierno y "dar oportunidad a sus correligionarios políticos y sindicales en el campo".

     Desde COAG son partidarios de celebrar procesos electorales para elegir la representatividad de cada OPA, "pero que se haga con todas las garantías democráticas", pues según su criterio la ley que plantea el Ejecutivo "ni siquiera regula" cómo se haría la campaña electoral.

    Por su parte, Ramos han insistido en que el ministro no ha buscado "ningún consenso".

     "Con las organizaciones, no ha habido ninguna negociación. Es más, ha habido nocturnidad y alevosía" a la hora de llevarla al Consejo de Ministros, en su opinión. Ha destacado que UPA es favorable a celebrar procesos electorales, pero que sean "limpios, claros, transparentes y democráticos".

     Ha pedido mesas electorales en los pueblos y una regulación del funcionamiento de las elecciones con su correspondiente campaña y con un control del gasto.

    Finalmente, ha solicitado que puedan votar todos los profesionales que se dediquen a la agricultura y la ganadería ya que, a su juicio, Arias Cañete "quiere hacer un censo a su medida y la de sus amiguetes".

A la oposición tampoco le gusta el proyecto


    
Todos los grupos de la oposición han criticado la propuesta aunque UpyD se ha desmarcado del resto de los partidos, porque no considera necesarias enmiendas a la totalidad.

    Entre los aspectos más cuestionados por los partidos figuran: su carácter "recentralizador" o las dificultades que tendrán los productores que vivan en zonas más aisladas para acudir a votar.

    Otros aspectos muy criticados han sido: la posibilidad de que entren en censos personas que reciban más de 3.000 euros en subvenciones y el hecho de que la consulta no se rija por la ley electoral general.

    La socialista Laura Seara ha cuestionado la necesidad de "abrir el melón" e impulsar un cambio legal, que "debilita a las organizaciones agrarias" mediante un "juego de trileros" que pasa como "mera consulta" para sortear la ley electoral sin un proceso "justo".

     José Luis Centella (Izquierda Plural) ha calificado el proyecto de "chapuza" y ha criticado que el ministro quiera "hacer pasar por democrático algo que no es democracia real", con un procedimiento sin garantías y que después tendrá consecuencias "reales" en la representación del campo.

    Joseba Agirretxea (PNV) ha discrepado con la intención del Gobierno de establecer una consulta "centralizada", cuando las autonomías "tienen competencias exclusivas en materia agraria".

    Marc Solsona (CiU) ha señalado que la consulta "fomenta la abstención, no pone límites al gasto en publicidad ni regula el voto por correo".

    Dentro del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila (BNG) ha subrayado la "falta de principios que garanticen los derechos fundamentales", Joan Baldoví (Compromís) ha remarcado que el proyecto "defrauda las expectativas" de los agricultores y Maite Ariztegui (Amaiur) que la consulta es "otro caramelo envenenado que nos deja Cañete en su (posible) despedida".