Cantabria reunirá en mayo a las CCAA afectadas por la directiva del tabaco

0
15

     En el encuentro participarán, además de los dirigentes regionales, representantes de las principales empresas del sector, aglutinadas en torno a la Mesa del Tabaco. Entre otros, se darán cita los presidentes de Altadis, Dominic Brisby; de Tabacalera, Fernando Domínguez; de CETARSA, Javier Gómez; el consejero delegado de Logista, Luis Egido, o la presidenta del Comité de Empresa, María Teresa Romero.

     También asistirán los máximos responsables de colectivos como el Comisionado para el Mercado de Tabacos, Juan Luis Nieto; la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, Mario Espejo; la Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA), Juan Páramo; la Organización Interprofesional del Tabaco (OITAB), Ricardo Miranda, o el vicesecretario general de la CEOE, José Isaías Rodríguez.

     Esta iniciativa, promovida por Cantabria, nace de la reunión que el presidente Diego mantuvo el pasado 8 de abril con representantes del Comité de Empresa de Altadis, que le expusieron las consecuencias negativas de la Directiva 2001/37/CE sobre fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco.

Impacto de la directiva

     La norma, debido especialmente a la eliminación de las marcas en las cajetillas, afectaría a toda la cadena de valor de este importante sector económico en España (cultivo, transformación, fabricación, distribución y venta) y en Cantabria, concretamente, tendría una importante repercusión, dado que la región cuenta con la única planta en Europa de elaboración de tabaco de hoja natural de la empresa Altadis, con 300 puestos de trabajo directos y 100 indirectos. En el conjunto de España, el sector del tabaco supone 56.000 empleos y cerca de 10.000 millones de euros anuales en recaudación fiscal.

   El borrador ha originado distintas iniciativas parlamentarias en las cámaras legislativas de Cantabria, Navarra, Extremadura, Canarias y La Rioja, así como en el Congreso de los Diputados. En todas estas declaraciones se advierte de los riesgos que trae consigo la propuesta comunitaria, que actualmente se encuentra en debate legislativo, y las consecuencias negativas para la economía de nuestro país.

     Igualmente, otros ocho países europeos (Italia, República Checa, Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Portugal, Rumanía y Suecia) han planteado ya su oposición a la futura norma, con pronunciamientos similares a los que se están formulando en España.