La viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León, María de Diego, ha defendido que la esencia para las ayudas de la política europea de cohesión deben tener en cuenta los criterios demográficos y no estar condicionados solo por el PIB.

“La política de cohesión y su asignación presupuestaria (…) no deben basarse solo en el PIB. Entendemos que hay otros indicadores que muestran de una manera mucho más verídica la realidad de las regiones”, explicó De Diego a la prensa antes de participar en una conferencia del Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre los retos que afrontan las regiones de renta media.

El criterio actual para la entrega de ayudas de la política de cohesión divide a las regiones europeas en tres grupos (menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas) según su PIB per cápita en comparación con la media europea, un medidor según el que Castilla y León se encuentra entre las regiones más desarrolladas de la Unión Europea (UE) y accede, por ello, a menos ayudas bajo este programa lo que sae compensaría con criterios demográficos.

La viceconsejera planteó que se tengan en cuenta factores como “la dispersión de la población, el envejecimiento o la densidad de población”, que influyen en la “convergencia regional” y no quedan del todo reflejados en el medidor del PIB per cápita.

Reclaman instrumentos “instrumentos específicos para aquellas regiones que tienen mayores problemas demográficos”

“Lo que defendemos es que las regiones que tienen más desafíos demográficos tienen más difícil converger y destinar recursos al crecimiento y al empleo”, aseguró De Diego, quien señaló que prestar servicios en una región con una situación demográfica “complicada” es “más caro”.

Por ello, pidió que la futura política de cohesión, que operará en el periodo de 2021 a 2027 y cuya dotación aún se desconoce, prevea “instrumentos específicos para aquellas regiones que tienen mayores problemas demográficos”.

La viceconsejera dijo que estos fondos han permitido a Castilla y León “experimentar un progreso importante” y llamó por ello a que la partida presupuestaria destinada a cohesión no sea inferior a la actual, que equivale a un tercio del total de las cuentas comunitarias.

“Somos conscientes de que el presupuesto plurianual debe casar la financiación disponible con las prioridades políticas. Lo que nosotros venimos a defender es que dentro de esas prioridades políticas se deben tener en cuenta los retos a los que la UE tiene que hacer frente en un futuro próximo”, indicó.

Agregó que, con una población cada vez más envejecida y una tasa de natalidad cada vez menor, “la realidad es que todas las regiones europeas tienen por delante ese desafío”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, logró en 2016 el apoyo del pleno del CdR para su dictamen “La respuesta de la Unión Europea al reto demográfico”, en el que pedía a la UE una estrategia europea para tratar esta situación.

A través del dictamen, fuimos la primera región europea que solicitó una estrategia europea basada en criterios demográficos, recordó De Diego, quien consideró que Castilla y León es “absolutamente pionera” en este campo.

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