Castilla y León dejaria de recibir cada año 110 millones de euros por el recorte de las ayudas

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  • La definición de “agricultor activo” es tan endeble que no protege al verdadero profesional de la agricultura, al que vive en su totalidad o mayoritariamente del campo, y por tanto sigue abriendo el abanico de las ayudas de la PAC a los no profesionales y a propietarios de tierra que no son agricultores. ASAJA exigirá el reforzamiento de esta definición para que las ayudas vayan al “agricultor superactivo”, el que vive del campo e invierte en su explotación para hacerla moderna y competitiva, el que produce alimentos con criterios empresariales.
  • Los recortes progresivos de ayuda a partir de unos importes – 150.000€-, no tendrá efectos de recorte en las explotaciones de la región, mayoritariamente explotaciones familiares que no alcanzan las cuantías que se establecen. No obstante, ASAJA exige mecanismos para que con estos límites de ayuda no se perjudique a las explotaciones bajo modelos societarios en las cuales trabajan de forma directa y personal más de un miembro de la familia.
  • El establecimiento de un “pago base” con igual importe para todos los productores, dicho así y sin introducir correcciones, perjudica a la agricultura más productiva –el regadío intensivo- y perjudica a la ganadería más intensiva que no tiene una base de tierra – vacuno y ovino de leche- entre otras. ASAJA exigirá que en esta armonización de pagos se utilicen criterios objetivos y no discriminatorios entre las provincias y entre las diferentes comunidades autónomas de nuestro país.
  • ASAJA es contraria a la liberalización de los derechos de plantación de viñedo, a la supresión de las cuotas lecheras y de los cupos de producción de remolacha, cuestiones éstas que contempla la reforma.
  • A pesar de haber menciones a la necesidad de apoyo a los jóvenes agricultores, estas son poco concretas e insuficientes para garantizar un necesario relevo generacional en el campo. El apoyo a los jóvenes sigue sin ser una política prioritaria para Bruselas.
  • ASAJA ve con buenos ojos un cambio respecto a los borradores iniciales en el sentido de asignar los nuevos derechos de ayuda en función de las declaraciones de 2011, evitando así la especulación que ya empezaba a producirse para “posicionarse” lo mejor posible cara a la declaración de ayudas de 2014.
  • El complemento a las ayudas por el denominado “pago verde”, supone un coste adicional para el agricultor y aunque en algunas zonas de la región implica requisitos fáciles de cumplir, para otras zonas supondrá mermas productivas.
  • El sistema de “pagos acoplados voluntarios” puede ser un mecanismo para corregir los desequilibrios del nuevo sistema de ayudas, en particular la agricultura más intensiva de regadío y la ganadería, pero su alcance quedará limitado ya que su cuantía no sobrepasará el 10% de los fondos.
  • ASAJA es contraria a que se aplique un tratamiento, distinto en el sentido de más favorable, a los perceptores de menos de 5.000 euros anuales, ya que estos son en su mayoría agricultores a tiempo parcial y jubilados del campo, a los que, lejos de ponerles más trabas o limitaciones como parece lógico, se le dan más facilidades que al agricultor profesional.
  • No se corrige la falta de equilibrio y de transparencia en la formación de la cadena de valor de los productos agrarios, donde la distribución ejerce una enorme presión en los precios pagados a los productores, obligando con demasiada frecuencia a vender a pérdidas. Las medidas de apoyo a los mercados no difieren de las actuales, que han demostrado ser absolutamente ineficaces para evitar las fluctuaciones especulativas de los precios. Unas eficientes medidas de mercado son imprescindibles para garantizar las rentas de los productores por la vía de los precios y tener una menor dependencia de las ayudas.