Castilla y León exigirá una evaluación de impacto ambiental para el "fracking"

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    En el caso de los espacios naturales, "ya tienen unos niveles de protección que impiden de hecho y de primera mano cualquier actividad".

      "Hay determinadas zonas que están totalmente excluidas de cualquier tipo de actividad y cuanto mayor sea la afección ambiental mayor", y en esa línea un espacio natural está "por naturaleza y definición sujeto a condicionantes medioambientales", ha referido Silván.

Un anteproyecto que reduce las trabas, plazos y coste de los trámites ambientales

     
     Asimismo, reducir trabas, plazos y costes de tramitación a las empresas y garantizar la protección medioambiental es el objetivo del proyecto de ley que modifica la Ley de Prevención Ambiental aprobado en Consejo de Gobierno, y que rebaja, en 45, las actividades y obras que requieren evaluación de impacto ambiental.

     El proyecto de ley pretende racionalizar y simplificar los procedimientos ambientales para ayudar a la implantación de actividades económicas y adecúa la norma regional a la normativa básica nacional, aprobada en diciembre pasado, y a la de la UE. Se trata, ha referido Silván de "un marco de regulación más transparente y favorable a la actividad económica al tiempo que garantiza la protección del medio ambiente".

      En función del riesgo ambiental, la ley articula cuatro tipos de regímenes: la autorización ambiental y la evaluación de impacto ambiental, para las obras y actuaciones con mayor efecto en el medioambiente y que son competencia de la Junta de Castilla y León, y la licencia ambiental y la comunicación ambiental, esta última una novedad, para actuaciones menos contaminantes, y que son competencia municipal.

      La nueva Ley de Prevención Ambiental busca la racionalización en los procedimientos administrativos que favorezcan la actividad económica, doten de seguridad jurídica a los promotores, especialmente a las pymes y potencien la simplificación administrativa evitando trámites burocráticos innecesarios promoviendo la simultaneidad en los procedimientos administrativos.

Simplificación en las licencias


     Respecto a la autorización ambiental, el consejero ha explicado que se favorece la simultaneidad en la tramitación administrativa en los informes que han de emitir los diferentes órganos competentes; y se refiere a instalaciones y actividades más contaminantes.

     Los plazos de resolución de estas autorizaciones ambientales se reducen de diez a nueve meses, en el límite que fija la ley de bases nacional, ha referido Silván, quien ha destacado como novedad que cuando se trate de una actividad en suelo rústico "la autorización urbanística será posterior a la ambiental", para evitar pensar que la primera da paso a la segunda.

     En cuanto a la licencia ambiental se refiere a actividades e instalaciones con una afección media al medio ambiente, son de competencia municipal, y la tramitación pasa de cuatro a dos meses con silencio administrativo. Según la media de los últimos cinco años, anualmente están afectadas por este régimen unas 1.300 actividades o instalaciones.

    La principal novedad es la figura de comunicación ambiental, que ya se recogía en la actual ley de manera testimonial, y que se potencia frente al sometimiento a licencia ambiental.

    Se refiere a actividades e instalaciones menos contaminantes y que requieren menos controles previos, y en este ámbito, aproximadamente 450 nuevas actividades al año pasarán a presentar una comunicación ambiental para iniciar su actividad en lugar de solicitar una licencia.

     Finalmente, la Evaluación de Impacto Ambiental, para aquellas actividades con efectos significativos en el medioambiente, se armoniza la normativa estatal y autonómica limitando los proyectos sometidos a este trámite a los determinados por la normativa estatal.

     Esta delimitación supone que 45 tipos de obras, instalaciones o actividades dejen de estar sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental -campos de golf, explotaciones ganaderas de menor volumen o centrales térmicas de menos de 50 megavatios, entre otras- y supone la aplicación en Castilla y León de las medidas de simplificación y reducción de plazos establecidos por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional.

     El plazo de resolución pase en este caso de 24 meses a seis meses, ha recordado el consejero de Fomento y Medio Ambiente.

El Proyecto se completa con otra serie de modificaciones y adiciones que pretenden clarificar y dar seguridad a las comunicaciones y licencias ambientales, completar y mejorar el régimen sancionador y concretar el contenido de la documentación que deben presentar los promotores