Ciudad Real demanda más inversiones y menos restricciones en materia de regadíos

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     En estas alegaciones, desde ASAJA se rechaza abiertamente cualquier tipo de restricción del uso de aguas para el sector agropecuario debido a la evidente recuperación hídrica en la provincia, fruto del descenso de riegos en los últimos años en la zona de influencia del Acuífero de La Mancha Occidental (23), de las buenas prácticas de los agricultores y del cambio del tipo de cultivos (con aumento de leñosos y disminución de herbáceos), del control de los pozos y de una pluviometría favorable.

    Rodríguez rechaza los balances, análisis y diagnósticos recogidos en los documentos del proceso de planificación hidrológica del Guadiana, “pues están basados en previsiones sobre los posibles efectos del cambio climático en la zona, algo irrisorio frente a los datos reales, que son los cambios en los consumos, con descensos en los últimos años”. El representante agrario incide en que “estos informes no contemplan la realidad del paso del déficit hídrico de los más de 3.000 hectómetros cúbicos que tenía la cuenca en la zona alta del Guadiana en el año 2005 a la situación actual, en la que prácticamente ha quedado por debajo de los 500”. “Incluso con zonas en las que ha aflorado el agua debido a la recuperación total”, explica.

Inversiones para compensar la "deuda" con La Mancha

     En cuanto a las inversiones, exige, tras un olvido de años, que se acometan obras de infraestructuras hidráulicas, como embalses y la construcción y posterior mantenimiento de nuevos pozos de recarga en el Acuífero 23, que han demostrado su utilidad en periodos de lluvias abundantes.

     Florencio Rodríguez señala que “España tiene una gran deuda con La Mancha, como indican las propias cifras, pues mientras la parte alta de esta cuenca cuenta con una capacidad de agua embalsada de 388 hectómetros cúbicos la zona extremeña dispone de 7.800”.

    Lamenta que en una provincia donde la agricultura es básica los productores no pueden estar sometidos a restricciones desmedidas, máxime cuando la forma de extracción del agua subterránea ya supone un considerable incremento de costes respecto a las superficiales.

    Por último, advierte que nuevas restricciones en el uso de agua supondrían un grave perjuicio para los habitantes y ayuntamientos de la provincia y apuesta por un uso racional y controlado optimizando al máximo este recurso para poder obtener los mejores resultados agronómicos.