Un grupo de agricultores socios de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) Ciudad Real, encabezados por su secretario general, Florencio Rodríguez, se han reunido con el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero, y la directora provincial de Agricultura, Carmen Delgado, para abordar las ayudas a cultivos herbáceos dentro de las Zona de Especial Protección para las Aves de Ambientes Esteparios (ZEPA).

Durante la reunión, desde ASAJA se solicitó que estas ayudas voluntarias (con un importe de 208 euros por hectárea) puedan ser solicitadas en Ciudad Real, al igual que en otras provincias de Castilla-La Mancha, donde ya han sido tramitadas.

ASAJA mantiene el recurso contencioso administrativo contra el Plan de gestión de las zonas ZEPA

Los representantes de la Consejería de Agricultura confirmaron que esta línea de ayudas (subvenciones de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020) va a poder ser solicitada por agricultores de la provincia para un periodo de cinco años en 2018, reflejándolo en los expedientes de la Política Agraria Común y dentro del plazo de tramitación de la PAC.

ASAJA Ciudad Real aconseja a los agricultores que antes de solicitar dicha ayuda se asesoren en las oficinas de la organización agraria sobre las medidas obligatorias que deben cumplir para su cobro, como que la semilla a utilizar no esté sometida a tratamientos que le proporciones una cubierta de productos de naturaleza química; retraso de labores y recolección; prohibición del uso de herbicidas en barbechos y rastrojeras o incremento del 25% de semilla en siembras. La provincia de Ciudad Real cuenta con tres zonas ZEPA (Mancha Norte, Campo de Calatrava y Campo de Montiel).

ASAJA Ciudad Real recuerda que la organización agraria interpuso hace unos meses un recurso contencioso administrativo a la Orden que aprueba el Plan de gestión de las zonas ZEPA ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por entender que es perjudicial para los intereses de los agricultores y ganaderos de la región, por no contemplar ayudas compensatorias, incluir restricciones a los cultivos y ser la normativa mucho más restrictiva y conservacionista que la de comunidades autónomas limítrofes.

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