EFE.- Clemente ha realizado estas declaraciones a los medios de información antes de participar en la jornada «PAC, un futuro agrario para Castilla y León», organizada en Valladolid por el periódico El Mundo Diario de Castilla y León.
La consejera ha recordado que la postura de la comunidad autónoma en el debate del reparto de las ayudas acopladas a la remolacha es que se tenga en cuenta el rendimiento de las producciones en lugar de la superficie.
En ese sentido, ha considerado que los rendimientos en Castilla y León son «fruto del esfuerzo de los agricultores, que han apostado por ser más profesionales y tener unas explotaciones más modernas».
El Gobierno autonómico está defendiendo, en las reuniones de trabajo con el Ministerio, los intereses de Castilla y León, que «no son los mismos que los de otras comunidades».
La titular de Agricultura ha explicado que Castilla y León ultima el diseño de las comarcas agronómicas que determinarán la distribución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), aunque ha indicado que en la comunidad «podría haber entre 19 y 21». Clemente ha recordado que el sector agrario es «estratégico» para Castilla y León y «muy importante» para su medio rural.
La consejera ha explicado que en 2006 hubo ya una reforma del pago único y en 2011 se planteó la reforma actual, debido a que existía una «gran presión» de los nuevos estados miembros de la Unión Europea para conseguir un «mayor nivel» de ayudas de la PAC.
A su juicio, «no hubiese sido necesario hacer una reforma tan importante, sobre todo en situación de crisis económica» y ha explicado que ha echado de menos que se hubiera tratado el asunto de la «volatilidad de los precios», ya que era necesario tener en cuenta por qué ha variado tanto la renta agraria en Castilla y León.
Además, ha manifestado que se debería haber tenido en cuenta el rejuvenecimiento del capital humano, que es la «principal asignatura pendiente» de la PAC.
Clemente ha explicado que, pese a que se han duplicado las ayudas en esa materia, «aún no es suficiente» en Europa y ha explicado que en Castilla y León se podrán en marcha las iniciativas «que se pueda» para potenciar el relevo generacional.
Se ha mostrado confiada en que, «como en cualquier proceso de reforma», en el camino que queda por recorrer se puedan «hacer modificaciones y transformaciones» en cuestiones que aún «no se han tocado».
La «buena noticia» es que Castilla y León recibirá para el periodo 2015-2020 alrededor de 7.500 millones de euros, ha asegurado la consejera, para quien esa cantidad aportará «estabilidad» al sector.
Sin embargo, ha manifestado que España será uno de los países con un modelo «más complicado» de aplicación de la Política Agraria Común y que dicho modelo debe estar definido antes del 1 de agosto, cuando finaliza el plazo para presentarlo ante la Comisión Europea.