Lo que supondría "un cambio sustancial de las condiciones de trabajo", a juicio de CCOO, sindicato que se ha negado alegando que esa negociación de ámbito general no se puede realizar en el marco del ERE propuesto.

    Por su parte, fuentes de Coca-Cola Iberian Partners no han querido realizar a Efeagro ninguna declaración al respecto.
 
    En la reunión, CCOO ha solicitado que se aporte a la mesa de negociación el contrato existente entre Coca-Cola y su embotellador único, por "si hubiera algún grado de corresponsabilidad".

    Ha requerido, además, que se les entreguen las auditorías realizadas a las embotelladoras antes de que se creara el embotellador único, así como un estudio del impacto ecológico y medio ambiental que el nuevo proceso organizativo puede tener en España.

    CCOO fue el único sindicato que en la reunión reiteró por tercera vez que se retirara el ERE de la mesa de negociación y se abrieran unas nuevas negociaciones bajo otras bases.

    Se trata de una petición a la que no se sumó UGT, que volvió a la mesa de negociación, pese a haber anunciado el día anterior que la abandonaba si la empresa no retiraba el ERE.

    Por su parte, USO solicitó al embotellador único, Coca-Cola Iberian Partners, que les facilitara las condiciones del plan social y una lista con las personas a las que afectarían los despidos (772) y las recolocaciones (481), un requerimiento criticado por CCOO y que provocó un alboroto entre los trabajadores ubicados a las puertas del hotel en el que se realizaba la reunión.

30 días de salario con un máximo de 18 meses para los despedidos


     Las condiciones del plan social no se pusieron sobre la mesa, pero suponen -según el plan social al que ha tenido acceso Efeagro-, 30 días de salario, con un máximo de 18 mensualidades para los trabajadores despedidos.

    En el caso de los afectados con edad igual o superior a los 58 años, percibirán desde la fecha de extinción del contrato y hasta que cumplan 63 años una cantidad neta, que sumada a la prestación neta desempleo alcance un 70 % del salario neto percibido por el trabajador en el momento de la extinción del contrato.

    Esta cantidad no podrá ser inferior a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de doce mensualidades.

    Para los trabajadores afectados por las recolocaciones, quienes deberán solicitar uno de los puestos que ofrecerá la compañía durante los siete días siguientes a la finalización del periodo de consultas, se ofrecerá 5.000 euros por gastos de traslado si la distancia entre el centro de origen y el de destino es superior a los 75 kilómetros.

    La mesa de negociación se volverá a reunir los días 12 y 13 de febrero y hoy está prevista una nueva concentración a las puertas de la sede del embotellador único en Madrid.

Hacienda investiga si esta evadiendo impuestos


    Por otra parte, Hacienda sospecha de que Coca-Cola no paga en España los impuestos que debería. Está convencida de que la multinacional realiza ingeniería fiscal en su negocio español, y así lo considera el Tribunal Económico Administrativo (TEAC) que depende de Hacienda, en una resolución, a la que ha tenido acceso el diario Expansión, y a la que seguirán otros pronunciamientos.

  El TEAC reafirma la acusación del Fisco y remarca que Coca-Cola esconde el valor de la marca en el precio que cobra a las embotelladoras por el concentrado o jarabe, y que debería tributar por él. No obstante, anula el acta porque Hacienda usó para reforzar su postura información obtenida de otras empresas que no pudo mostrar a Coca-Cola por razones de confidencialidad, lo que el Tribunal estima que creó una situación de indefensión a la multinacional.

   Según recoge Expansión, es un caso pionero en el que la Agencia Tributaria pone en práctica las novedosas directrices de su plan de control de la tributación de las multinacionales que realizan planificación fiscal agresiva. Hacienda tiene abiertas inspecciones a las embotelladoras de Coca-Cola en España porque, tal y como muestran las memorias, no practicó retenciones por cerca de 100 millones de euros.

    Las embotelladoras son quienes realizan transacciones con Coca-Cola y por tanto las que deberían haber retenido el impuesto al pagar a la multinacional y haberlo ingresado en Hacienda. Y, más tarde, reclamar a Coca-Cola lo que tuvieran que pagar.

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