El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres ha condenado a quince meses de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros a nueve directivos de la cooperativa agrícola San Isidro de Miajadas (Cáceres) por un delito de obstrucción a la justicia.

En la sentencia de fecha 22 de diciembre, a la que ha tenido acceso Efe, se señala que cuatro socios de la cooperativa interpusieron una denuncia, primero ante la Guardia Civil y luego en el Juzgado de Instrucción de Trujillo, contra los miembros del Consejo Rector en noviembre de 2014.

Concretamente, los denunciantes, tal y como explicó su abogado, Pedro del Pino, en el acto de juicio, atribuían a los miembros de dicho órgano de administración, el haberles negado el acceso al Libro de Actas de la Asamblea General y al Libro de Registro de Socios.

La sentencia no es firme y ante la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial

Con fecha 10 de diciembre de 2014, el Consejo Rector, a través de comunicación de su presidente, que es uno de los condenados, notificó a los denunciantes que se había acordado «incoar un expediente sancionador por la manifiesta desconsideración a los trabajadores, rectores, representantes de la entidad y socios».

COOPERATIVA SAN ISIDRO CONDENA JUNTA RECTORA 2Pero la sentencia señala que este no era el sentido de la sanción, sino que «tuvo por finalidad conseguir que los sancionados retiraran las denuncias formuladas frente al Consejo Rector».

Asimismo, con fecha 2 de febrero de 2015, los acusados acordaron y comunicaron por medio de burofax a los denunciantes la sanción que consistía en la «suspensión de sus derechos políticos y económicos durante un periodo de seis meses».

Además se les apercibía de manera expresa, «con ánimo de amedrentarlos e intimidarlos en el ejercicio de sus derechos a actuar libremente en defensa de sus intereses, con la incoación de un nuevo expediente sancionador en el caso, entre otros, de continuar con el procedimiento judicial abierto frente a la cooperativa».

La sentencia no es firme y ante la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.

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