En total, cobraron cinco calamones y 24 pollas de agua, la primera especie protegida en el catálogo nacional de especies amenazadas y la segunda por la ley andaluza de Flora y Fauna.
La sentencia impone a cada uno de los procesados una multa de diez meses con cuota diaria de 6 euros, junto a una inhabilitación para cazar durante tres años y medio y el pago a la Junta, entre todos ellos, de los 1.502 euros en que están valoradas las piezas abatidas.
En la máquina cosechadora la Guardia Civil encontró una de las pollas de agua cazadas, recientemente muerta, y una escopeta de calibre 12, razón por la que el fiscal imputó además al propietario un delito de tenencia ilícita de armas, por el que pidió ocho meses de prisión.
En el juicio, el acusado Joaquín G.M. reconoció que era dueño de la cosechadora pero no de la escopeta, reconoció no poseer licencia de armas y no dio una explicación plausible de la presencia del arma, por lo que la sentencia considera demostrado que se encontraba en su poder.
No obstante, es absuelto de un delito de tenencia ilícita de armas porque no se practicó ninguna prueba que permita acreditar el estado de funcionamiento de la escopeta y su capacidad para ser utilizada, y los guardias civiles tampoco hicieron pruebas sobre su funcionamiento ni vieron disparar a su propietario.