Cooperativas Agro-alimentarias ha defendido ante la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que España necesita un Plan Hidrológico para todo el Estado -con una gestión «única» de los recursos- y mantener los incentivos a la concentración de empresas.
Así lo destacado el presidente de esta Organización, Ángel Villafranca, en declaraciones a los periodistas tras reunirse en Madrid este miércoles 7 con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina -el primer encuentro desde que ésta fuera ratificada en el nuevo Ejecutivo- para abordar diferentes asuntos de interés para estas empresas asentadas en el rural.
Cooperativas recuerda al Ministerio que más del 60% de las rentas del sector dependen de los regadíos
En la reunión -en la que Villafranca ha estado acompañado del director de la entidad, Agustín Herrero- han hablado también con la ministra y su Gabinete de la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), de la cadena agroalimentaria, de la fusión de cooperativas y de la política de seguros agrarios, entre otros temas.
Sobre las necesidades hídricas en la agricultura, Villafranca ha recordado tras el encuentro en el Ministerio que más del 60% de las rentas del sector dependen de los regadíos, por lo que debe profundizarse en vías de colaboración que permitan a las explotaciones agrarias y ganaderas seguir siendo competitivas.
«Es necesario un plan y una gestión a nivel del Estado español para facilitar el acceso al agua», ha remarcado Villafranca, porque «hay cuestiones que superan las fronteras geográficas».
Ha afirmado que, plantear la gestión del agua de forma autonómica, «es preocupante» para el que lo plantee, por lo que aboga por un Plan Hidrológico, donde se analicen «los pros y contras» y no sólo desde el punto de vista de los usuarios finales, sino también atendiendo de dónde deben salir los recursos hídricos.
Ha demandado inversiones que permitan utilizar los recursos excedentarios que sobran para llevar a las zonas deficitarias, lo mismo que se han realizado para aeropuertos internacionales o vías de AVE que pueden utilizar todos los ciudadanos del país.
Estas inversiones permitirían generar riqueza para los agricultores y la sociedad española en general y, con ello, se generarían impuestos que ayudarían a equilibrar el déficit del Estado y se evitarían medidas «que nadie queremos», en alusión a posibles recortes o subidas de las cargas fiscales.
En la reunión, las cooperativas «han puesto en valor» los resultados logrados en la legislatura anterior por dos leyes «estratégicas», la de mejora de la cadena de valor y la de integración e las cooperativas agrarias.
Apuestan por «seguir avanzando en la integración» de las cooperativas
La primera, ha «ordenado» y trasladado «cordura y transparencia» a las relaciones contractuales, según Villafranca, con beneficio para el sector y para los consumidores, gracias en buena parte a las actuaciones de la agencia gubernamental AICA.
Por su parte, la ley de fomento de integración de cooperativas ha contribuido a que más de 240 empresas de este tipo de primer grado, se adhieran a tres grandes grupos -en alusión a Dcoop, AN y EA-, con más de 107.000 agricultores, al tiempo que hay otras dos entidades asociativas prioritarias (EAPs) -de ámbito suprautonómico- «a punto de reconocerse», para finales de año, según les ha dicho Tejerina.
Ha abogado por «seguir avanzando en integración» de las cooperativas, unas 3.800 actualmente y «en esa línea vamos a seguir trabajando», en interlocución con el Ministerio.
En la reunión, las cooperativas han defendido la política de seguros agrarios, ya que España es el único país de la UE que cuenta con un sistema cofinanciado con presupuesto nacional, para proteger al sector de las inclemencias meteorológicas -como las sufridas estos días en algunos territorios- y su competitividad, ha añadido.
Y, de cara a próxima reforma de la PAC, cuyos debates ya se han iniciado, las cooperativas piden «consolidar» las ayudas al sector, que se «busquen salidas» en el mercado y medidas de gestión y organización que puedan realizar las organizaciones interprofesionales y organizaciones de productores, especialmente frente a perturbaciones de mercados o crisis.