EFE.- Según informaron a Efe fuentes conocedoras de la oferta, Central Lechera Asturiana ha sido la única empresa que ha presentado una propuesta en el proceso de venta abierto por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que había dado de plazo hasta el 5 de septiembre para la presentación de proposiciones vinculantes superiores en todo caso a 20 millones de euros.
De momento, tanto el proceso de enajenación de las acciones como el de venta de la unidad productiva, iniciado por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, continúan su curso a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva qué juez es el competente para decidir el futuro de Cacaolat.
Según las fuentes consultadas, Central Lechera Asturiana, que está presente asimismo en la puja de Barcelona, ha planteado un "sólido" proyecto en el que se compromete a conservar los puestos de trabajo de toda la plantilla de Cacaolat y a asumir las obligaciones de pago con los acreedores, lo que ha hecho que limite la oferta económica a poco más de los 20 millones exigidos.
Además de construir una fábrica propia en Barcelona (el productor catalán de batidos ocupa la actual en régimen de arrendamiento), el plan empresarial contempla como prioridad la expansión comercial de Cacaolat fuera de Cataluña, donde en la actualidad se concentra la mayor parte de sus ventas.
La oferta económica del propietario de Central Lechera Asturiana permitiría cubrir los cerca de 15 millones de euros que Clesa adeuda a sus trabajadores por las indemnizaciones por despido, a lo que hay que sumar además los salarios no abonados desde que se declaró el concurso de acreedores de la láctea, el pasado mes de mayo.
A ello hay que añadir otros créditos contra la masa (que son los primeros que se cobran cuando una empresa se liquida o sale del concurso con un plan de pagos), entre los que figuran los arrendamientos de las oficinas y las fábricas de Clesa.
Los administradores de Clesa solicitaron vender las acciones de Cacaolat porque es la única manera de pagar a los trabajadores de la láctea con sede en Madrid, que es la empresa de Nueva Rumasa con mayor déficit patrimonial (unas deudas de al menos 1.112,36 millones, frente a unos activos de 304,76 millones).
El procedimiento de venta de las acciones respeta que Cacaolat se quede en Barcelona, se hace en un plazo muy rápido y exige a los compradores lo mismo que estaban pidiendo administraciones como la Generalitat, que han seguido muy de cerca la crisis de esta filial de Nueva Rumasa, controlada por la familia Ruiz-Mateos.
De hecho, el auto de autorización de la venta de las acciones, dictado el pasado agosto, exigía que las ofertas de los compradores mantuvieran la actividad durante, al menos, cinco años, además de ir acompañadas de un proyecto industrial a desarrollar en ese período por Cacaolat en Cataluña y en Aragón.
De forma paralela al proceso de venta de las acciones, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona continúa con la enajenación de la unidad productiva, en la que están interesadas Roures Reenginnering, Eneas Capital, Vichy Catalán, el fondo Victory Corporate y Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), que es la única que está en los procedimientos de Madrid y Barcelona.
La empresa de batidos Cacaolat es una de las pocas firmas de Nueva Rumasa que están en concurso de acreedores con una buena situación patrimonial, ya que cuenta con activos valorados en 129,46 millones de euros, frente a unas deudas de 29,79 millones de euros.