Critican que "entre el lobo y el ganadero, hoy por hoy se está eligiendo al lobo”

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      Según los datos oficiales, recogidos durante los años 2012 y 2013, en Castilla y León habría al menos 179 manadas y cerca de 1.600 lobos, lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto al censo anterior, de 2001. Esta situación ocasiona una presión "continua e insoportable sobre los ganaderos: cada día hay en Castilla y León al menos dos ataques de lobo al ganado, más de 800 cada año, y eso atendiendo a los casos denunciados (muchos no se presentan bien por que carecen de seguro, desconocen o desconfían de recibir una indemnización que compense el trámite)", según señala ASAJA en una nota.

     Otro dato que refleja el informe de Medio Ambiente es que apenas en un 10% de los ataques pueden estar perros asilvestrados: con los números en la mano, es el lobo el que ocasiona bajas continuas en el ganado.

Se cumple los objeticos conservacionistas, pero los ganaderos

     Para la organización agraria, “queda claro que la Administración está cumpliendo sus objetivos conservacionistas con el lobo, pero no está cumpliendo sus obligaciones de conservar el trabajo y medio de vida de las familias ganaderas. Los datos prueban que, en caso de colisión entre lobo y ganado, la administración está eligiendo al lobo, ya que es el ganadero el que está siendo expulsado del territorio y siendo obligado al abandonar”.

     Otro problema que se ha constatado en la reunión es que hay zonas, precisamente en las que los ataques del lobo están siendo más numerosos y graves, en las que “no se están cumpliendo los cupos de aprovechamiento cinegético, ya que de los 140 lobos autorizados apenas se caza la mitad, algo que es urgente corregir”, ha subrayado ASAJA.

     Respecto al borrador del proyecto de decreto por el que se revisaría el Plan del Lobo, que según la administración implicaría una revisión al alza de los baremos de indemnizaciones, así como que éstas se abonen más rápidamente, el presidente de ASAJA insiste en que los ganaderos “no quieren seguros, sino que la Junta asuma en todo el territorio regional los daños como patrimoniales, valorándolos en su justa medida –incluyendo el lucro cesante-  y pagando las indemnizaciones en plazos razonables”.