Las obras que se podrían poner en marcha a finales de agosto o septiembre, y que se corresponden con cuatro comunidades de regantes, se encuentran en Osso de Cinca, Almudáfar, Tamarite de Litera y Callén.
Entre todas suman un importe de licitación de 23 millones de euros, de los que el 35 por ciento que tiene que ser pagado por el regante será avalado por Saeca ante las entidades financieras, beneficiaran a 443 regantes y servirán para modernizar más de 3.100 hectáreas de cultivos, sobre todo de cereal.
Unas obras que según ha explicado el director general de Desarrollo Rural, Luis Marruedo, ya están licitadas por la empresa pública aragonesa Sarga y que llevan paralizadas entre tres y cinco meses debido a la falta de una entidad avalista exigida por los bancos.
Su comienzo está ahora pendiente de una reunión del comité de la sociedad estatal, que se celebrará el 22 de julio, donde deberían aprobarse de manera definitiva, una vez recibida la información complementaria que les falta, para iniciar posteriormente su tramitación con las entidades financieras y formalizar la operación ante notario, ha explicado Bujanda.
Los bancos ven bien este aval porque "no asumen riesgos"
El presidente de Saeca, empresa pública y cuyas actuaciones están tuteladas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha subrayado la dificultad que tienen las empresas pequeñas para encontrar financiación, en este caso para obras de modernización de regadíos.
No obstante, ha afirmado a continuación que los bancos ven con buenos ojos este aval estatal porque "no asumen riesgos". Una línea de avales para la que es necesario que la actuación sea ejecutada por una empresa publica, que en Aragón corresponde a Sarga, y que viene a "echar una mano providencial" a los regantes, ha dicho Lobón, mientras que Bujanda ha expresado la intención de continuar con estos avales a las comunidades de regantes aragoneses cuando se acaben los actuales 39 millones.
Mientras que el director general de Saeca, Rafael Pizarro, ha informado de que la contragarantía que exigen es de la propia comunidad de regantes, no del comunero, y que tienen convenios con entidades financieras por los que el interés sería de entre el 4 y el 4,5 por ciento anual, a 25 años con dos de carencia, para facilitar la devolución.
El importe máximo avalado por actuación es de cuatro millones de euros, que en el caso de las obras aragonesas no lo superar porque es de 3,3 millones, ha agregado.