Concretamente el ‘cártel de las empresas lácteas "ha obligado", según LA ALIANZA, a cerrar el 63 % de las explotaciones en Castilla y León desde el 2004 al 2014, periodo al que hace referencia la sentencia y sobre el que se han cometido las prácticas ilícitas por parte de las empresas. LA ALIANZA UPA-COAG recuerda que de 4.271 explotaciones de hace diez años se ha pasado a las 1.601 actuales.

     Asimimso, se incide en que "las ganancias ilícitas por parte de los encausados sólo en Castilla y León han supuesto 320 millones de euros, que correspondían a los ganaderos y que sin embargo se apropiaron la mayor parte de las empresas lácteas asentadas en nuestro país, por lo que ahora pedimos que se reembolsen directamente a los productores".

    El informe de la Comisión, para la organización agraria, "no deja lugar a dudas y corrobora punto por punto lo que los ganaderos nos han hecho llegar a nuestra organización desde hace tiempo, y que LA ALIANZA UPA-COAG trasladó a las autoridades competentes para que actuaran, como así ha ocurrido". 

    También critica que este ataque se produce contra un sector estratégico como es el lácteo en nuestro país, con 18.00 explotaciones a nivel nacional y con 1.000 millones de euros en negocio que genera 22.000 empleos. Además conviene recordar que el 1 de abril se produce el fin de las cuotas lácteas con la enorme incertidumbre y preocupación que genera en el sector ganadero.    

Piden al Magrama se acuerde más de los "miles ganaderos"

    En este sentido, la organización confía en que la multa "se convierta en ejemplarizante para que prácticas de este tipo no se vuelvan a repetir, y sobre todo esperamos que llegue a materializarse y no se reduzca tras las reclamaciones judiciales que ya han anunciado algunas empresas, puesto que recordemos que la sanción sólo representa un 10 % de lo que la propia CNMC estima que habrían ganado ilícitamente con sus prácticas y que ascendería a 815 millones de euros".

    LA ALIANZA UPA-COAG recuerda también que es "totalmente rechazable" por parte de las administraciones ponerse de lado de las “pobres empresas” y no de los miles de ganaderos afectados, "que como ha quedado demostrado muchos de ellos ya no están en el sector por los ruinosos precios que las industrias denunciadas pactaban por la leche".

    En este caso es evidente tal y como ha recogido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "que aquí ha habido unos protagonistas muy directos, que han utilizado prácticas prohibidas obteniendo millonarios beneficios a costa de miles de ganaderos, por lo que hay culpables con nombres y también hay víctimas con nombres y apellidos, ante lo cual no cabe otra preocupación que no sea la de resarcir a las víctimas de los perjuicios causados por las empresas lácteas", finaliza la nota de LA ALIANZA.

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