La directora de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Esperanza Orellana, ha pedido a los agentes de desarrollo rural un “esfuerzo adicional” para mejorar la calidad de vida de los discapacitados que viven en el territorio y algunas cifras sitúan en un millón de personas.

Durante la inauguración de unas jornadas sobre desarrollo rural inclusivo, Orellana ha incidido en que las personas que viven en los pueblos con algún tipo de discapacidad afrontan una “doble dificultad”, la propia de sus limitaciones físicas o intelectuales, y las relacionadas con el medio rural.

Sobre estas últimas, ha reparado en la escasez de servicios o la ausencia de oportunidades de empleo, lo que “nos obliga a todos” a ese “esfuerzo adicional” para “tratar de superar esta situación de vulnerabilidad”.

Para ello, ha considerado “muy importante” que “todas” las políticas de desarrollo rural sigan recogiendo iniciativas cuyo objetivo sea la inclusión socio-laboral y el fomento del intercambio de experiencias de buenas prácticas con proyectos exitosos.

Según Orellana, la anterior programación de las políticas de desarrollo rural ya recogen estas demandas, “lo seguirán haciendo en la actual y se pretende que sea una constante en el futuro diseño” de las mismas a partir de 2020.

Ha destacado que el Mapama compiló y divulgó en la anterior programación 2007-2013 un total de 17 iniciativas den toda España que fueron seleccionadas por ser ejemplo de “buenas prácticas en este ámbito” y destacaron por su “enfoque innovador y efectivo”.

Imagen de la discapacidad en el mundo rural

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, ha recordado que cerca de un millón de personas que viven en municipios rurales presentan algún tipo de discapacidad.

El “retrato robot” de este colectivo es el de un grupo de personas que siguen padeciendo exclusión y restricciones a la hora de desarrollar su vida, ha señalado. Según Pérez, el tipo de discapacidad (por ejemplo, que sea una enfermedad mental o haya pluridiscapacidad) y la cuestión de género (ser mujer) potencia dicha exclusión.

Ha pedido un mayor esfuerzo para combatir el problema, así como más políticas en este sentido, ya que, a su juicio, la agenda política “sigue estando huérfana de temas de desarrollo rural inclusivo”.

La primera ponencia ha estado a cargo del presidente del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural Inclusivo del Cermi, Juan Antonio Recio, quien ha presentado la agenda y la labor de este comité.

En ese sentido, ha remarcado las aportaciones del Cermi para que la Ley de Desarrollo Rural actual integre la discapacidad de forma “muy evidente” y para la elaboración de varios estudios de “referencia” desde 2006, así como su participación en un proyecto piloto que desarrolló el Mapama entre 2010 y 2013 en La Rioja y Castilla y León.

Recio ha resaltado que aún es una “asignatura pendiente” la apuesta por una verdadera integración de los discapacitados en el medio rural y ha defendido que se trata de un colectivo con potencial para la dinamización económica de su entorno.

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