El balance de UPA recuerda que 50 personas fueron cada día al paro en el sector agrario

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    A pesar del incremento de la renta agraria en el último dato difundido por el Ministerio de Agricultura, el sector agrario sigue sin recuperar el nivel de renta que tenía hace diez años. En el período 2003-2007, el valor medio de la renta agraria en España fue de 24.766 millones de euros, de manera que el primer dato conocido del 2013 (24.337 millones) se sitúa un 1,7% por debajo.

    Así, recalcan que el sector agrario está sufriendo especialmente la falta de crédito que han impuesto las entidades financieras. El total concedido mediante créditos al sector agrario asciende en el tercer trimestre de 2013 a 18.731 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2% con respecto al mismo momento del año 2012. Además el total de créditos considerados “dudosos” ha ascendido alrededor del 34% en el mismo periodo.

    También se recuerda que se produjo un tremendo recorte a la cofinanciación del Ministerio de Agricultura en las medidas de los Planes de Desarrollo Rural, lo que supone una pérdida de fondos comunitarios al desarrollo rural. Igualmente se introdujeron reducciones en determinadas medidas del sector ganadero, como la sanidad animal o la mejora de la calidad.

    Con respecto al presupuesto para 2014, desde UPA se critica que las propuestas del departamento dirigido por Arias Cañete consolidan todos los descensos aplicados en 2012, y además incorporan otros nuevos en sanidad vegetal, prevención de incendios forestales o en modernización e instalación de jóvenes.

Reforma de la PAC y perspectivas económicas en la UE

   2013 fue el año de aprobación de la nueva Política Agraria Común y del marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. En líneas generales el presupuesto aprobado para nuestro país mantiene la ficha financiera del período anterior, aunque en las cifras globales se introducen una serie de mecanismos "que generan bastante incertidumbre, como la disciplina financiera y los recortes para la constitución de una reserva de crisis, que se deberán tener muy en cuenta en los presupuestos anuales".

    Por eso creen que 2013 debería haber sido también el año en el que se alcanzase el acuerdo final sobre la aplicación de la PAC en nuestro país. Los reglamentos dejan el suficiente margen a los Estados Miembros para poder adaptar la PAC a las necesidades concretas de sus agricultores y ganaderos. "Sin embargo, las negociaciones entre Gobierno y Comunidades Autónomas se están produciendo a espaldas del sector, ignorando las propuestas que pueden apoyar el futuro de la agricultura familiar, como la definición de agricultor activo o de actividad agraria, el establecimiento de un verdadero techo por explotación, que libere recursos para las explotaciones profesionales, o la utilización del porcentaje máximo de ayudas acopladas que permite el acuerdo comunitario".

    Por otro lado, la falta de trasparencia en la aplicación del nuevo régimen de pago básico y la regionalización, está provocando una enorme incertidumbre entre agricultores y ganaderos, impidiendo una programación de inversiones adecuada en las explotaciones agrarias.

Costes de producción, en especial de la energía

     En lo que se refiere a los costes de producción, si bien el precio de los piensos ha bajado, la bajada de las materias primas ha tardado cuatro meses en trasladarse en su totalidad al precio de los piensos. Por otro lado, los fertilizantes y el gasóleo se han mantenido en un nivel de precios elevado. Un capítulo especial merece el incremento del coste de la energía eléctrica, que tanto a los regadíos como a las explotaciones ganaderas está llevando a una situación realmente preocupante y está lastrando la recuperación de los beneficios.

   Capítulo especial merece la subida de la energía eléctrica para regadíos. Tras el 2008 con la desaparición de la tarifa especial de riegos la energía no ha dejado de subir, tanto en la parte regulada (peajes de acceso) como en la libre. En los últimos cuatro años los incrementos del término de potencia han superado el 200%

    Se recal también que existe gran preocupación en el sector agrario y en el medio rural en general por el escaso nivel de ejecución de los programas de desarrollo rural de la programación 2007/2013. Según fuentes de la Comisión Europea, a 15 de octubre de 2013 el porcentaje de ejecución medio de todos los PDR era del 60,2%. Además, el propio Comisario de Agricultura advirtió al Ministerio español del grave peligro de pérdida de fondos en 2013.

Ley de la Cadena y Ley de Integración Cooperativa

    Las dos iniciativas legales más importantes para el mundo rural que han visto la luz en 2013 han sido la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la Ley de fomento de la integración cooperativa. Han sido dos iniciativas muy demandadas y trabajas por el sector que han despertado muchas expectativas.

   Sin embargo, tras su aprobación y reconociendo que especialmente la Ley de la Cadena supone un avance muy importante que sitúa a nuestro país a la vanguardia de la legislación comunitaria, la sensación que invade al sector es la de la oportunidad perdida. Ha faltado valentía política para rematar un trabajo de años para reequilibrar la cadena agroalimentaria. Para UPA, la legislación nace coja y no servirá para resolver los principales problemas de los agricultores y ganaderos españoles.

   La norma, que tenía como objetivo principal mitigar la crisis que arrastran las explotaciones agroganaderas en España desde hace años, ha sufrido fuertes presiones por parte de la gran distribución y de las autoridades de Competencia nacionales y europeas para suavizarla. Así, no establece la venta a pérdidas ni el uso de los productos reclamo como prácticas abusivas.

    El texto tampoco establece la figura de un verdadero árbitro independiente con capacidad de mediar en los conflictos ni impone un régimen de sanciones “suficiente” a los que incurran en prácticas abusivas, así como que no se contemplen precios de referencia ligados a los costes de producción en los contratos, que sí serán obligatorios.

   Por su parte, la Ley de integración cooperativa enfrenta uno de los principales lastres que tiene la agricultura y ganadería española: la falta de estructuras de comercialización potentes que supongan un contrapunto al poder de la agroindustria y de la distribución. Sin embargo, lamentablemente surge en un momento en el que el Ministerio de Agricultura está totalmente amordazado por el de Economía, de tal forma que no plantea incentivos suficientes para que ese proceso de concentración cooperativa se produzca.

    "Lamentablemente asistimos a una ley con unos objetivos muy positivos, pero que nace con una grave falta de contenido real por la incapacidad del Gobierno de poner encima de la mesa incentivos reales y concretos que ayuden a que se produzca ese proceso tan complicado que es la integración cooperativa".