El cambio en la reforma fiscal incita a apostar por el ‘divorcio’ entre titulares de explotaciones

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      Estos cambios han provocado que, como todo anteproyecto está sujeto a revisión, desde ASAJA ss vaya a seguir trabajando con el Ministerio de Hacienda para plantear la mejora de diversos aspectos de esta propuesta inicial, en especial lo referente a los nuevos umbrales máximos para permanecer en el sistema de módulos.

     Tal como ASAJA ha advertido durante los tres últimos meses en los que se ha estado preparando este anteproyecto y tal y como el propio Ministerio de Agricultura explicaba el pasado martes en un comunicado de prensa el régimen de estimación objetiva es básico para el sector agrario, dado que este sistema simplificado de declaración reduce las obligaciones del titular a una declaración anual de ingresos por las ventas de sus productos, por lo que constituye una herramienta sencilla y eficaz para las declaraciones de renta agraria.

Intentar mejorar los umbrales máximos

     No obstante, el anteproyecto de Ley es aún mejorable, especialmente en lo referente a los nuevos umbrales máximos que fija el texto, y es en esta línea en la que ASAJA está trabajando con la Secretaria de Estado de Hacienda para garantizar que los agricultores y ganaderos que ahora tributan en este régimen de módulos puedan hacerlo también en el futuro, "puesto que parece que hay una coincidencia plena entre el sector y la Administración en que el sistema de estimación objetiva es el más adecuado para el sector agropecuario, de ahí que tal como recogen los datos oficiales aproximadamente el 90% de las explotaciones agrarias tributen bajo este sistema simplificado de declaración que aplica una serie de índices de rendimiento neto (módulos), previamente calculados, que están en relación con el rendimiento esperado de cada actividad agraria", según señala en una nota.

     Para ASAJA, bajar los umbrales en 100.000 euros  para permanecer en este régimen "no tiene sentido, de hecho estábamos pidiendo subir el umbral hasta los 350.000 euros (recordemos que en la actualidad está en 300.000 y se plantea bajarlo a los 200.000 euros), y sobre todo para una agricultura como la nuestra.
Además, esta medida obligaría a los miembros de una misma familia a tener domicilios diferentes o incluso para matrimonios que viven bajo el mismo techo a realizar separación de bienes para que los ingresos de cada explotación no compute como un solo ingreso de la unidad familiar. Todo esto resulta un golpe duro en momentos de crisis y a favor de la disgregación familiar, lo cual resulta criticable procediendo de un Gobierno que presume de proteger y defender a las familias como pilar fundamental".