El campo argentino hace huelga patronal por estatización de predio ferial

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   La medida que, según el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel  Etchevehere, "es de carácter simbólico", podría extenderse en un futuro a todo el sector agropecuario, según advirtieron los dirigentes del campo.

   El titular de la SRA dijo que recibió una notificación del Gobierno para desalojar el inmueble, el mayor centro de ferias de Buenos Aires, en un plazo de 30 días y confirmó que apelará a la Justicia para que suspenda el decreto por el cual la presidenta argentina, Cristina Fernández, dispuso el jueves pasado la restitución del predio al Estado argentino.

   Para  Etchevehere el decreto de Fernández es  "una aberración jurídica" que pretender anular, veinte años más tarde, la venta del predio del barrio porteño de Palermo.

   El dirigente agropecuario añadió que la compra de este sitio al Estado argentino, en 1991, se realizó "a un precio justo determinado por el Estado nacional, del que se pagó el 80% y que ponderaba debidamente las importantísimas restricciones de uso y el cumplimiento de sustanciales cargos de compra que incluían la construcción del centro internacional de exposiciones y congresos, que erogó más de 100 millones de dólares".

   Sin embargo el Gobierno argentino, consideró que esa venta se caracterizó "por una serie de irregularidades" investigadas por la Justicia, que ha procesado a once personas en esta causa, entre ellas al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y al extitular de la Sociedad Rural Eduardo Agustín Carlos De Zavalía.

   De acuerdo al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, "el precio vil de 30 millones de dólares establecido" como valor de venta "representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en 63,6 millones dólares a valores de 1991".

   Simultáneamente, CRA, a través de una solicitada publicada este miércoles en los medios de prensa, cuestionó la política agropecuaria del Gobierno.

   En defensa de la decisión gubernamental, el ministro de Agricultura argentino, Norberto Yauhar, criticó el paro ganadero y sostuvo que "quienes convocan a este lockout están mezclando sus intereses políticos".

   Las cuatro entidades agrarias mantuvieron en 2008 una dura disputa con el Gobierno de Fernández por los impuestos a las exportaciones de granos, conflicto que incluyó varias huelgas de comercialización y bloqueos de carreteras.