Para ANAP, no cabe duda de que estas plantas de tratamiento representan un importante elemento de fijación de población en el medio rural. "Estas inversiones se han realizado en zonas rurales donde no se suele invertir", asegura Ramón Armengol, presidente sectorial de porcino de Cooperativas Agro-Alimentarias de España. "Esto no se ha pensado con calma".
Según afirman los representantes de ANAP, llevan tiempo queriendo exponer el problema en Industria, pero no tienen un interlocutor en esa cartera. En todo caso, aseguran que Agricultura entiende el problema y que se trasladará la petición a la cartera de Soria. Hasta que eso suceda, las cooperativas y asociaciones ganaderas han anunciado una serie de movilizaciones por todo el territorio nacional para este miércoles día 20 con el objetivo de que Industria ofrezca una solución al sector porcino.
Ilegalidad medioambiental
Por otra parte, el responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernís, al igual que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, los propios afectados en las granjas y dehesas de porcino ya han empezado a preguntar: ¿Y dónde vamos a llevar los purines? "El borrador de la nueva norma deja al sector porcino en una ilegalidad medioambiental", explica Bernís.
"Los excedentes de purines tendrán que ir al campo, es el propio Gobierno quien nos deja en una situación de ilegalidad. "No pueden dejar al sector con el culo al aire", dice con enfado.
El problema radica en que una vez que se llenen las balsas de las explotaciones y nadie las retire, que´va a pasar con dichas balsas y con los nuevos excedentes que se vayan creando.