Según explica Asaja de Castilla-La Mancha, las conclusiones a las que ha llegado el GAN, que congrega autoridades de los Estados miembros, representantes del sector, y observadores del Parlamento Europeo y Croacia, dejan entrever incoherencias sobre la finalidad que se persigue para establecer el marco regulatorio que confeccione un sistema de producción de vino europeo.
Según un comunicado, las más de 90.000 hectáreas de viñedo arrancadas en España a lo largo de las tres campañas en las que se ha desarrollado la medida de arranque (2008-2011) con el fin de reducir el potencial de producción de la UE a corto plazo, "deja sin sentido que ahora, se negocie abrir las puertas a la producción de vino y volver hacer tambalear los éxitos que el actual modelo han conseguido".
De entre los logros, cabe destacar que este sistema ha fijado población rural, ha equilibrado la oferta y la demanda de vino y ha aumentado la eficacia en la competitividad de los vinos europeos frente a la fuerza de los mercados de terceros países.
En cuanto a las consecuencias que tendría un cambio en el modelo, Asaja CLM asegura que se produciría un inmediato descenso del precio de la uva y de los vinos, se deslocalizaría el viñedo y se desmantelaría el tejido socioeconómico en grandes zonas vitícolas europeas, como lo es Castilla-La Mancha y pondría en riesgo las inversiones hechas en las diferentes reestructuraciones de viñedo.
Ante esta situación, ASAJA de Castilla-La Mancha pide las instituciones comunitarias que escuchen las recomendaciones de los productores europeos y no tanto las voces de los industriales que llevarían a la destrucción del modelo establecido. Del mismo modo, la Organización Agraria insta al Ministerio de Agricultura a que adopte una firme postura a favor de la continuidad del actual régimen de derechos de plantación de viñedo o, lo que es lo mismo, capaz de mantener la supervivencia del sector vitícola español.
Por su parte, el responsable del sector vitivinícola de la organización agraria COAG, Alejandro García-Gascó, ha mostrado también su preocupación por el futuro sistema de autorizaciones para plantar viñas, sobre el que ha habido consenso dentro de un grupo de Alto nivel de la Unión Europea (UE).
García-Gascó, que también es vicepresidente del Comité Consultivo del Vino de la UE, ha reaccionado así, en declaraciones a Efeagro, respecto a las conclusiones del Grupo de Alto Nivel sobre Vino, formado por expertos de los Veintisiete, que apuntan a sustituir el actuar régimen de derechos de plantación de viñas por un sistema basado en "autorizaciones".
La UE decidió, cuando reformó la regulación del mercado del vino, que los derechos de plantación se mantuvieran hasta 2016, pero dado que muchos países, entre ellos España, han defendido su continuidad, ese Grupo ha tratado de buscar una solución intermedia, distinta a la liberalización total.
El representante de COAG ha señalado que lo que proponen los expertos es preferible a la liberalización de las viñas, pero que, sin embargo, despierta "miedo" ante "los que pueden venir de fuera" frente al agricultor profesional.
Ha insistido en que la opción preferible sería mantener los derechos de plantación actuales, "porque la sociedad no puede entender que primero se promoviera, con dinero, el arranque de viñas y ahora se quiera liberalizar" esta producción.
El nuevo sistema de autorizaciones, a partir de 2016, "no es lo que queríamos y pedimos al Gobierno que vaya de la mano del sector" y de los profesionales.
A las críticas tamién se ha sumado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que cuestiona las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel del Vino para regular las plantaciones de viñedo a partir de 2015 porque no garantizarán el equilibrio de la producción y podrían dar pie a una deslocalización y sobreproducción de vino que haría peligrar la rentabilidad de la mayor parte de explotaciones vitivinícolas españolas.
La Unión de Uniones indica que se ha suavizado la propuesta inicial de los expertos para liberalizar los derechos de plantación de viña, pero aún así la única solución debería pasar por mantener el actual sistema, además de mejorarlo, porque es el único mecanismo de control sobre las plantaciones. Por ello reclama al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que defienda los intereses del sector productor español y no se deje influenciar por los grandes grupos que existen en el sector español del vino.
Joan Santó, responsable del sector de la viña y el vino de la Unión de Uniones, opina que “la propuesta del GAN comportaría una reducción importante de las pequeñas explotaciones en las zonas tradicionalmente productoras, así como la deslocalización de la producción, una excesiva industrialización de la viticultura europea y una sobreproducción de vino, además de la disminución de la calidad y el valor de la producción”.