El Pleno del Congreso ha aprobado una moción en la que reclama establecer la condicionalidad de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para las empresas con casos de vulneración de derechos laborales e incumplimiento de convenios colectivos demostrados por sentencia firme.

La iniciativa, llevada al Pleno por Unidos Podemos y finalmente pactada con el PSOE y Ciudadanos, ha conseguido además el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. PP, PDeCAT, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que PNV ha optado por abstenerse.

La iniciativa también reclama fortalecer la Inspección de Trabajo para garantizar “una correcta supervisión del trabajo en el campo”, con planes especiales y vigilancia de posibles diferencias salariales y discriminaciones por razón de género, prácticas de acoso sexual, el control de horarios.

Asimismo, el texto aprobado reclama campañas para comprobar los supuestos de cesión ilegal de trabajadoras y la utilización fraudulenta de las cooperativas de trabajo asociado en las empresas, e intensificar los convenios de colaboración entre el Gobierno, la Policía Loca y Nacional y la Guardia Civil contra el empleo irregular y el fraude.

Dentro de estos planes de inspección, la Cámara Baja también ha pedido mantener de manera permanente campañas específicas en el campo, con el fin de controlar y seguir el cumplimiento de los derechos laborales por parte de las empresas de trabajo temporal y las empresas de servicios agrícolas, así como el cumplimiento del Convenio del Campo.

El origen de esta propuesta ha sido la denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) contra las represalias que, según aseguraba esta organización, habían sufrido unas 400 trabajadoras de la campaña de la fresa en Almonte (Huelva) tras denunciar sus condiciones de trabajo.

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