Concluido el expediente, Ganadería puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cantabria, que el pasado mes de noviembre presentó denuncia en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo al observar indicios de delito. Semanas después, a finales de diciembre, el juez citó a declarar en calidad de imputados no sólo al técnico bajo sospecha, sino también a los ganaderos que reconocieron haber entregado dinero a Javier Escalona, en el procedimiento administrativo abierto por Ganadería, lo que les haría copartícipes de un cohecho pasivo. Además, el juez ha encausado a otros dos funcionarios, compañeros de oficina del técnico, ya que, teniendo conocimiento de la operativa, no la denunciaron.
El asunto, como resalta Consuelo de la Peña www.eldiariomontanes.es y diversas agencias, ha alborotado a toda la comarca y trae en jaque a los ganaderos que en unos meses han pasado de denunciantes a imputados. No en vano, el cohecho no es un delito menor y lleva aparejadas penas de prisión. Todos ellos, funcionarios y ganaderos, pasarán por la oficina judicial, asistidos de abogado, entre los meses de enero (día 30), febrero (los días 13, 14, 27 y 28), y el 13 de marzo.
De un eterno rumor a una denuncia concreta que ha levantado todo el caso
Los rumores sobre las andanzas del técnico de Ontaneda retumbaban en los valles pasiegos, pero ningún ganadero los plasmaba por escrito hasta que en marzo de 2011 un vaquero quebró ese silencio y denunció en la Consejería que Escalona cobraba una especie de ‘iguala’ a los ganaderos por gestionar las subvenciones por el cese anticipado de la actividad. El entonces secretario general de Ganadería, Alejandro Gallo, envió el escrito directamente a la Fiscalía, que el 22 de julio de ese mismo año incoó diligencias. Pero días después archivó el caso al no encontrar irregularidades penales en la conducta del funcionario.
La vía judicial se cerró, pero no por eso cesaron las quejas verbales de los ganaderos. A primeros de 2013, ese malestar llegó de nuevo a oídos de la Consejería en los controles aleatorios que practica para evitar fraudes en las subvenciones. Los ganaderos se lamentaron ante los inspectores del comportamiento del funcionario de Extensión Agraria de Ontaneda.
En esta ocasión el descontento no cayó en saco roto. Fuentes oficiales de Ganadería subrayaron ayer a este periódico que el 18 de marzo de 2013 se abrió una investigación interna y un mes después, un expediente interno al funcionario, que fue apartado de sus funciones y enviado a su casa durante los seis meses que duró la tramitación administrativa.
Durante este tiempo se tomó declaración a más de un centenar de personas entre funcionarios, miembros de las Organizaciones de Productores Agrarios (sindicatos ganaderos) y ganaderos de la zona sobre los que existía la sospecha de que habían pagado dinero al técnico por la gestión del cese anticipado de actividad, un trámite que forma parte de sus competencias.
Muchos de los productores acudieron a la oficina de Ontaneda a declarar. Allí, unos reconocieron que habían dado dinero a Escalona. Dicen que cobraba 30 euros por hora de asesoramiento. Otros eran testigos de referencia y hablaban de oído. Pero todos se fueron tranquilos a su casa sin albergar la más mínima sospecha de que esas denuncias podían ser, a la larga, su condena.
De denunciante a imputado
Quienes conocen la operativa aseguran que «Escalona no pedía a todos, sabía muy bien con quién lo hacía». Sus víctimas eran los ganaderos menos preparados, los más débiles para medirse en el terreno proceloso de la Administración.
Tampoco los dos compañeros del principal sospechoso imaginaron acabar frente al juez. Fueron especialmente duros en su testimonio durante el trámite administrativo. Aseguraron que los ganaderos protestaban por la actitud abusiva de Escalona, y que les animaron a poner las quejas por escrito. Sus declaraciones fueron tan críticas con el técnico bajo sospecha como aplaudidas por la Consejería de Ganadería, que vio en ellas una prueba indubitada de las irregularidades cometidas. Tal es así que los Servicios Jurídicos del Gobierno han asumido su defensa, una vez que el juez ha determinado su imputación por tener conocimiento de un delito y no denunciarlo.
El 19 de octubre se terminó de armar el expediente, cuya conclusión fue tan concluyente que se envío a la Fiscalía. El Ministerio Fiscal abrió diligencias informativas y vio tan clara la posible comisión de un delito que a finales de noviembre puso el caso bajo la autoridad judicial. La instrucción, que ha recaído sobre el Juzgado Número 2 de Medio Cudeyo, no ha hecho más que empezar, pero ya ha obligado a hacer el ‘paseíllo’ a los tres funcionarios y a un buen número de ganaderos. Fuentes judiciales aseguran que hay más de una treintena de imputados.
Algunos afectados no saben cuál es su delito
El escrito del juzgado ha sembrado la alarma entre los afectados. No entienden cuál es su delito porque se han limitado "a colaborar»"con la Consejería para poner al descubierto a un funcionario supuestamente tramposo. El técnico, que siempre ha negado los hechos que se le atribuyen, se ha reincorporado al trabajo en la sede de la Consejería de Ganadería, fuera de la oficina de Ontaneda. La Administración tendrá que esperar a ver qué resuelve la vía judicial antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro laboral.
Por su parte, la organización agraria UGAM-COAG ha explicado a Efe que también se ha personado en la causa en representación de los ganaderos y que ofrecerá asistencia jurídica a los que la requieran, dado que una treintena deben declarar como imputados y testigos en este proceso.
El portavoz de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, ha afirmado que las declaraciones comenzarán a finales de este mes de enero, que él "ha venido oyendo hablar" de esta situación desde hace "bastante años" y que no se ha podido "meter mano" hasta disponer de testigos que estuvieran "dispuestos a declarar".
ASAJA pide cautela y que se vea la causa en los tribunales
Por su parte, el presidente de ASAJA Cantabria, Pedro Gómez, señala que el presunto caso de cohecho cometido por un funcionario de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Ontaneda, en el que se han visto envueltos una treintena de ganaderos cántabros, se encuentra en los tribunales y, por lo tanto, se debe esperar a que el juez tome declaraciones a cada una de las partes imputadas.
Así, Gómez pide cautela y respeto hacia la presunción de inocencia de todos los afectados por el caso de Ontaneda. Además, añade que, aunque es un hecho que merece toda la atención por parte de las instituciones y organismos vinculados con el sector ganadero, hay que recordar que es algo puntual. En este sentido, no se debe estigmatizar a toda la comunidad ganadera y tenemos el deber de esperar a la decisión de los tribunales.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA Cantabria, en conversaciones mantenidas con la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria, ha mostrado su interés para que se acometan las investigaciones pertinentes y se deje trabajar a la justicia.
Asimismo, ASAJA Cantabria recuerda que hace un año se abrió la oficina de ASAJA en Ontaneda para todos los ganaderos, ofreciendo asesoramiento y tutela en la tramitación de las ayudas destinadas al sector, así como otros servicios disponibles en las oficinas que tiene por toda la región.
(Foto: Archivo azai.host22.com)