Según el ministro, dos autonomías, Cataluña y Andalucía, han planteado objeciones a la norma, que han sido debidamente contestadas por la Abogacía del Estado.
La normativa, dirigida a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya rigen en el Mercado Unico Europeo.
Así, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
Se logrará un incremento anual de 1.500 millones al año
El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52% en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15%, equivalente a 1.500 millones de euros al año, ha recordado De Guindos.
En paralelo, el Ejecutivo podrá en marcha un proceso de normalización normativa tras identificar que hay más de 6.000 normas que impactan en la actuación de las empresas en base a los principios de racionalidad, coherencia y simplificación de normas y medios de actuación estatales para adaptarlos a la nueva ley.
En un comunicado, el ministerio de Economía destaca que el texto que se enviará al Congreso no varía significativamente en cuanto a sus elementos esenciales, si bien incorpora "numerosas" mejoras desde el punto de vista técnico y jurídico.
Ahora, hay empresas que se ven obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España.
El establecimiento del principio de licencia única eliminará en al práctica el coste de tener que someterse a las distintas regulaciones autonómicas y favorecerá especialmente a las pymes, que cuentan menos recursos que las grandes para hacer frente a la fragmentación normativa, ha añadido el ministro.
En la nueva normativa se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas y se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.
Mayor intercambio de información
Por otra parte, se regulan mecanismos de cooperación para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino y se legitima a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para recurrir ante la Audiencia Nacional cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.
La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos durante un periodo mínimo de tres meses en el que la administración afectada podrá presentar alegaciones, según De Guindos.
Así, los operadores podrán solicitar a la CNMC el recurso de actos o disposiciones contrarias a la unidad de mercado que les afecten, lo que implica que podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando las pérdidas ocasionadas por dilaciones judiciales.
La normativa contempla también la creación del Consejo de Unidad de Mercado que, presidido por el ministro de Hacienda, se encargará de supervisar la implementación de la ley y elaborar un informe anual.