Sobre el desarrollo del modelo que se aplicará en España, el dirigente agrario constata que "esto está todavía en una negociación incipiente" y que "va a ser muy difícil que pueda haber un acuerdo político del Gobierno con las comunidades autónomas en julio".

Un acuerdo político casi imposible en julio


    Y es que ahora "se abre el debate y la discusión o negociación a determinados grupos de trabajo, que bajo nuestro punto de vista es positivo", ha puntualizado Blanco.

    Concreta que los nuevos grupos de trabajo tendrán que analizar en septiembre los asuntos sobre los que hay un desacuerdo más profundo, por lo que el debate sobre la PAC seguirá en próximos meses.

    Reconoce que los puntos donde hay mayor desacuerdo hacen referencia a la definición de agricultor activo, la incorporación de nuevos productores al viñedo y hortalizas y a qué ámbitos se permite seguir recibiendo ayudas acopladas (vinculadas a la producción) en el nuevo sistema de la PAC, en el que se prima a la hectárea.

    También debe negociarse un posible trasvase de fondos de desarrollo rural al primer pilar para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo, o qué porcentaje de fondos se reserva a los jóvenes agricultores para que haya relevo generacional, si un 2% como pide COAG, o en menor porcentaje como algunas regiones piden.

La definición de agricultor activo, en el eje de todas las discusiones


    En cambio, sí hay más consenso sobre la limitación de superficies para evitar que los agricultores pierdan fondos y también sobre el régimen especial que apoya a los pequeños perceptores.

    En este contexto, COAG reclama que "no aceptaremos que se sigan cobrando ayudas de la PAC de manera indiscriminada como ahora", pero este objetivo no se conseguirá -añade- si no hay una adecuada definición de agricultor "activo".

     En su opinión, éstos deben ser aquellos que al menos obtengan el 25 % de sus ingresos de la agricultura y, además, coticen a la seguridad social agraria como profesionales de este sector.

    En todo caso, desde COAG afirman que el Ministerio deja claro que habrá una "aplicación nacional" de la PAC, pero haciéndolo compatible con un sistema de regionalización que permita mantener aproximadamente los mismos cheques regionales actuales.

UPA no lo ve nada claro y cree que el debate está "muy verde"


   
Por su parte, el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ve aún "muy verde" el acuerdo político entre Gobierno y comunidades autónomas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España y mucho menos que se zanje en conferencia sectorial de esta semana.

    Ramos ha recordado que hay "partes muy importantes" de la aplicación de la nueva PAC 2014-2020 que quedan abiertas y que analizarán distintos grupos técnicos de expertos que el Ministerio se ha comprometido -matiza- en crear.

    Entre los temas que aún quedan abiertos, el dirigente agrario apunta que "no hay definición" aún para el "agricultor activo" -aquél que se considerará prioritario para recibir los pagos-. "Para UPA deben ser los perceptores cuyos ingresos procedentes de la agricultura representen más del 25 % del total", agrega Ramos.

    Destaca Ramos que hay "muchas dudas" aún sobre la mesa entre Gobierno y comunidades sobre si debe permitirse pasar fondos del segundo pilar (del desarrollo rural que, además, exige cofinanciación autonómica) al primero (ayuda al agricultor) para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo.

Diferencias sobre los pagos acoplados


    También hay diferencias en cuanto a los sectores que deban recibir pagos "acoplados" o vinculados a la necesidad de producir, un sistema que conviviría con el nuevo sistema que impulsa la nueva PAC, basado en las ayudas por la hectárea hasta 2020.

    Unas ayudas asociadas que UPA cree imprescindibles para sectores como la ganadería y el lácteo, los cultivos industriales o para impulsar cultivos "protéicos" que sirvan para alimentar el ganado con menores costes y menor dependencia como ahora de la importación.

    Otro de los debates abiertos -añade Ramos- es si deben incluirse en el nuevo sistema de ayudas de la PAC a los agricultores que entren en el cultivo del viñedo y de las frutas y hortalizas, una posibilidad que UPA sí exige aunque, según agrega, el Ministerio no comparte al asegurar que implicaría recortar a otros productores. "Nosotros creemos que hay que sacar dinero de los perceptores que no son agricultores activos" realmente, añade el dirigente agrario.

    Ramos asegura que en septiembre continuarán las conversaciones entre Gobierno, comunidades autónomas y sector agrario. "Creo que tendrán problemas con algunas comunidades autónomas porque algunas dicen ya que no aceptarán un cheque menor al que perciben en la actualidad", afirma Ramos.

ASAJA cree que hay tiempo para hacer "las cosa ordenadas"


   
Finalmente, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha afirmado a Efeagro que las comisiones que se crearán en septiembre para clarificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), dan un tiempo para "hacer las cosas ordenadas y que los temas se puedan ir terminando".

    Para Pedro Barato existen una serie de temas lo suficiente importantes para que haya un consenso como el del "agricultor activo, el presupuesto para el vino, las zonas específicas de montaña, si se va a pagar del primer pilar o si se va a producir transferencia del segundo pilar".

    Una serie de cuestiones que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado en la reunión dy que "nosotros así lo consideramos". Por ello se crearán comisiones el próximo mes de septiembre para intentar clarificar todo lo que es la aplicación de la PAC. En su opinión "lo que el agricultor quiere que se le diga todavía no es posible".

    Respecto a la Conferencia Sectorial que se celebrará esta semana entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para debatir el modelo de aplicación de la PAC, Barato considera que al igual que ha pasado con las organizaciones agrarias habrá cosas en las que haya acuerdo y otras en las que se crearán grupos de trabajo para llegar a un consenso "lo más amplio posible".

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