El ministro ha señalado que el Gobierno cántabro, recogiendo el sentir de los ciudadanos de la región, aprobó una norma que el Estado considera que "vulnera" la Ley de Hidrocarburos, y por eso la va a recurrir.

    Entiende que el Ejecutivo regional tiene unas "prioridades" y está "absolutamente legitimado" para adoptar esa posición política, pero ha añadido que el Estado quiere que se respete el marco competencial, y por eso, ha presentado el recurso y será el Tribunal Constitucional el que "arbitrará" y dirá si ha habido invasión de competencias o no.

Cantabria a la espera de ver las evaluaciones ambientales y cómo se ejecutan


    De todas maneras, ha recordado que, mucho antes de que "estallara" esta polémica sobre el fracking, el Ministerio ya introdujo en la nueva Ley de Evaluación Ambiental la obligación de que los proyectos de fractura hidráulica se sometan a una evaluación que va a ser "muy sofisticada, muy exigente y muy dura".

    El Gobierno cántabro, por su parte, estará "muy expectante" en relación con esas evaluaciones ambientales y a cómo se ejecutan en otras comunidades autónomas. Lo ha dicho el presidente regional, Ignacio Diego, que acompañaba al ministro en la comparecencia ante los medios.

    Diego ha subrayado que cada administración "tiene sus responsabilidades" y "prioridades", y en este caso, Cantabria antepone la "preservación" de unos valores (ambientales y paisajísticos), que pone por encima de otros intereses (el aprovechamiento de recursos energéticos) que "puede y debe compartir" con el Estado.

     Por eso, ha señalado que su Gobierno mantendrá su posición y seguirá actuando como hasta ahora.

×