El titular del departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, ha justificado la reforma de la ley, que regula el análisis de si un proyecto es o no viable de acuerdo a sus impactos y cómo han de gestionarse estos, en la necesidad de reducir expedientes y plazos en la tramitación "en un momento de recesión".
De esta manera la nueva ley establece un plazo de tramitación de los expedientes de entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3,4 años de media que tardan en resolverse los expedientes actualmente.
Arias Cañete ha defendido que se pretenden evitar así dilaciones de "difícil justificación desde el punto de vista ambiental", ya que en la actualidad existen alrededor de 10.000 expedientes pendientes de resolver en el conjunto de las administraciones.
El ministro ha citado como ejemplo de esos retrasos los 15 años y 9 meses (de 1991 a 2007) que tardó en resolverse la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la variante de una carretera en Teruel.
Una norma muy positiva
Al tiempo que "garantiza un alto nivel de protección medioambiental", la norma tendrá, a su juicio, efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo, ya que las tramitaciones ajustadas a los nuevos plazos "incentivarán la inversión", y la simplificación de los procedimientos "promoverá la generación de puestos de trabajo".
En concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima que tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.
Entre las novedades de la futura ley destaca la inclusión en ella de las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, para las que hay concedidos unos 50 permisos de investigación en España, a pesar de la oposición social que genera esta técnica, que de momento no se lleva a cabo en ningún lugar de Europa, por sus controvertidos impactos.
Además, integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático, y crea un nuevo instrumento llamado "bancos de conservación de la naturaleza" para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.
Unificacion de leyes
La norma, que unifica dos leyes: la de Evaluación Ambiental Estratégica y de Evaluación de Impacto Ambiental, especifica que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso podrá entenderse como una evaluación ambiental favorable.
Exige, asimismo y según el ministerio, una "mayor calidad" en los estudios y documentos sobre los que deben pronunciarse los órganos ambientales.
Respecto a la coordinación con las comunidades autónomas, establece que los Gobiernos regionales que decidan establecer su propia normativa deberán respetar los principios básicos contenidos en la nueva Ley.
Con esta finalidad, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente asumirá el papel de foro para la propuesta y el debate de las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa autonómica a la futura Ley de Evaluación Ambiental.
El Magrama incide también en la que norma promueve las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a la Administración electrónica y, en el ámbito de la participación, favorece el trámite de información pública al ciudadano.
El fracking necesita "estudio detenido y detallado"
Asimismo, con respecto al fracking el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramo, ha asegurado que se requiere de un estudio "detenido y detallado"..
La inclusión de esa práctica de extracción de combustible en el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental presentado por el Gobierno garantiza su sometimiento a evaluación ambiental, dijo.
Según Ramos, este método "requiere un estudio detenido y detallado para tener un control de las consecuencias y todas las garantías medioambientales" y se ha incluido en la ley para "evitar dudas o controversias".
Importado de Estados Unidos, también se incorpora a la norma la figura de "bancos de conservación de la naturaleza", que servirán para vincular proyectos medioambientales ya ejecutados o en vías de ejecución con actividades que por su impacto ambiental necesiten compensación.