El Gobierno lamenta que Andalucía quiera impedir la venta de La Almoraima

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EFE.- El Gobierno ha confirmado su decisión de extinguir la sociedad mercantil La Almoraima y proceder a la venta de la finca, "sin que se replantee dicha decisión como consecuencia de las maniobras, con fines políticos, anunciadas por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía".

La consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha insistido hoy en que la Junta de Andalucía defenderá el carácter público de "La Almoraima", frente a la anunciada privatización.

En Algeciras (Cádiz), el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha manifestado hoy que el Gobierno andaluz va a "sondear todas las posibilidades" para "impedir cualquier planteamiento de uso especulativo" de la finca La Almoraima.

En reacción a las declaraciones del Ejecutivo autonómico andaluz, el Ministerio ha recordado que La Almoraima era de propiedad privada hasta 1983, año en que fue expropiada.

Ha detallado que, en la actualidad, es propiedad de la sociedad del mismo nombre que la finca, perteneciente al Organismo Autónomo Parques Nacionales (dependiente del Magrama).

Ha añadido que la venta de la finca está enmarcada dentro del Plan de Racionalización de estructuras de la Administración General del Estado y del informe, aprobado por el Consejo de Ministros, de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

En este contexto, según el comunicado, el Gobierno ha mostrado su "firme intención de reducir las estructuras de gasto púbico y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida".

En cuanto a la intención de la Junta de ampliar los límites del Parque de Los Alcornocales a nuevos terrenos de La Almoraima, el Ministerio ha resaltado "que no responde a criterio alguno relativo a valores medioambientales".

En ese sentido, ha apuntado que dichos terrenos de la finca "constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial".

"No cabe sino lamentar que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía pretenda paralizar el plan especial de ordenación de usos, con la intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social que dicho plan supondría para Castellar de la Frontera y del Campo de Gibraltar".

"Además, dicha decisión supone una clara contradicción con la voluntad manifestada por la presidenta de la Junta de Andalucía (Susana Díaz) de fomentar en el ejercicio de su responsabilidad el crecimiento económico de esa Comunidad Autónoma", según el comunicado.

Ha calificado de "sorprendente" que la reducción de gastos y la generación de ingresos para el Presupuesto General del Estado sean calificados "de proyectos especulativos" por los responsables de la Junta de Andalucía.