Los Presupuestos de este año, en lo que atañe a la agricultura, están cosechando más criticas que halagos. Desde el Ministerio se defiende una subida moderada y que la partida asignada a su Departamento en los presupuestos de 2018 es “suficiente” y “equilibrada”, con una subida anual del 1,78%. Sin embargo, no hace mención a una cuestión vital: el mantenimiento de la presión fiscal sobre el IBI rústico que ya anunciara Montoro a primeros de año.

Desde la Unión de Uniones, que se han mostrado muy duros con los Presupuestos, especialmente porque consideran que da igual cuánto destine, al final hay una media de 1.800 millones que se dejan de gastar cada año, ha sido el más crítico con los que consideran un catastrazo para las construcciones agrarias, con esta subida del IBI rústico.

La organización agraria  pone el acento en que la Ley de Presupuestos incluye la consolidación normativa de la discriminación que sufren los agricultores y ganaderos en la valoración de las construcciones, “que son indispensables para su trabajo, como almacenes o naves, al someterles a la misma valoración y por lo tanto al mismo trato fiscal que a naves industriales, sin tener en cuenta el valor socioeconómico de rendimiento”.

“Los agricultores y ganaderos estamos dispuestos a pagar el IBI rústico con criterios justos y equitativos, como todos”, afirma Joan Caball, de la Ejecutiva de Unión de Uniones. Sin embargo, insiste en que “no se puede, por ley, mantener una discriminación que llevamos denunciando desde hace tiempo y que está basada en criterios, a nuestro juicio, equivocados”.

Cabe destacar que desde otras organizaciones agrarias también se han visto las cuentas públicas con un cierto pesimismo. Para COAG, son “continuistas e insuficientes”, con duras críticas a las pérdidas de ayuda en fruta y frutos secos o los recortes en las ayudas a los seguros agrarios.

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