El Ministerio de Agricultura concederá este año autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo sólo para unas 4.500 hectáreas, de acuerdo con los planteamientos de la Organización Interprofesional del Vino, donde están presentes viticultores e industriales. Esta cifra sería un 7,8% más que el año pasado cuando se autorizaron 4.173 hectáreas de viñedo, que suponían el 0,43% de la superficie plantada en julio de 2015. Este incremento se justifica por la mejora en los mercados del vino gracias, sobre todo, al aumento sostenido de las exportaciones y a pesar de la estabilidad en el mercado interior con un sector de la restauración que, sobre la base de sus políticas de precios altos, está alejando a los consumidores.

Al margen del volumen de las autorizaciones para las nuevas plantaciones, el sector coincide en la necesidad de establecer unos criterios mucho más rigurosos y mayores controles sobre la asignación de las mismas para evitar abusos, triquiñuelas que han dado lugar a que los permisos vayan a parar a quienes menos lo merecen. Las organizaciones agrarias reclaman un mejor tratamiento para los solicitantes de menos 40 años.

Además de ese mayor apoyo a los jóvenes, se pretende que los destinatarios de las autorizaciones sean agricultores activos que quieran vivir de la viticultura y que los permisos no vayan a parar a personas ajenas al sector cuyo objetivo es solamente hacer negocio con ellas.

Este reparto ha provocado distintas reacciones en las Comunidades Autónomas y en las organizaciones agrarias y cooperativas, ya que no existe un consenso claro sobre qué reparto de estas hectáreas de viñedo hacer. Así, por ejemplo, viticultores riojanos se concentraron el martes 27, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, para despedir el año con una protesta donde se ha exigido unos criterios “justos” en las autorizaciones de plantaciones de viñedos, convocados por las Uniones de COAG en la DOC Rioja (UAGR, UAGA y EHNE).  Por su parte, la Unión de Extremadura ha pedido que se aprueben las nuevas plantaciones hasta el máximo permitido por la normativa Comunitaria en la región, lo que representaría aumentar en 1.000 has el potencial vitícola extremeño.

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