El Plan de Regadíos canario prevé 60 actuaciones y una inversión de 140 millones

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   Se trata de un texto de planificación estratégica con el que el Ejecutivo regional pretende establecer los objetivos y directrices que deberán orientar las actuaciones en materia de mejora de regadíos en este espacio temporal.

   En Canarias se riegan unas 27.000 hectáreas, algo más del 60% de la superficie total cultivada, siendo el regadío el principal consumidor de agua a nivel regional, aunque no en todo el Archipiélago. La situación de los acuíferos insulares, ya sobreexplotados en algunas islas, y la competitividad de las explotaciones agrarias de regadío, obliga a tener presente en este proyecto que el agua representa un capítulo importante en su estructura de costes.

   En definitiva, esta iniciativa se elaboró ante la necesidad de garantizar el uso sostenible de los recursos hidráulicos, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial, la adaptación al cambio climático y las necesidades objetivas del sector, junto con la obligación de avanzar hacia una agricultura cada vez más sostenible y respetuosa con el medioambiente.

   La elaboración del Plan se planteó a partir de los Catálogos Insulares de Actuaciones en materia de Regadíos que, en el año 2011, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias encargó, para cada una de las islas, con excepción de Tenerife (que actualizó el proyecto que ya había realizado esta institución en 2009). Estos trabajos consistieron en un análisis de la situación del regadío en cada isla, estudiando lo que establecen los Planes Hidrológicos Insulares en la materia.

   Hasta llegar al documento definitivo, se realizaron tres fases de trabajo en las que se depuraron las actuaciones para cada isla a partir de las determinaciones de los Planes Hidrológicos correspondientes, efectuando varias selecciones en reuniones celebradas, para cada isla, con los técnicos de los Servicios Agrarios de los respectivos Cabildos Insulares y con los técnicos del Gobierno de Canarias, donde se verificó que las actuaciones resultantes fueran coherentes con las previsiones financieras para el período 2014-2020 y con el equilibrio territorial en la distribución de las inversiones.