El Plan Nacional para la Inclusión Social recoje medidas para la mujer rural

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    Según destaca en una nota, en términos generales, el Plan responde "a la voluntad del Gobierno de avanzar en la defensa del  Estado del Bienestar, asegurando su sostenibilidad y viabilidad a través de la modernización del sistema de protección social, dando respuesta a las necesidades derivadas de la pobreza y la exclusión social que se han acentuado con la crisis económica, todo ello en el marco de los objetivos que la Unión Europea ha marcado en su Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".

   Y en este sentido, las mujeres rurales españolas, "consideradas como colectivo en situación de vulnerabilidad social, serán beneficiarias de actuaciones concretas dentro de este Plan en materia de empleo y nuevas tecnologías", detaca AMFAR.

   En materia de empleo, la asociación hace hincapi´en que el Plan Nacional de Inclusión Social "recoge la mejora de la participación sociolaboral de las mujeres del ámbito rural. Sobre este aspecto está prevista la programación de acciones formativas para promover una mayor y mejor incorporación de las mujeres rurales a la actividad económica, a través del empleo y el autoempleo".

    Por otra parte, se establece la colaboración con las ONG’s para implementar programas formativos destinados mayoritariamente a mujeres y jóvenes del ámbito rural, con el objetivo de formar profesionales y ofrecer nuevas oportunidades de empleo.

Impulsar las nuevas tecnologías para el mundo rural

   En otro orden de cosas, el Plan señala como prioritario el fomento del acceso a las nuevas tecnologías en el mundo rural con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía más vulnerable.

   AMFAR es la organización que da voz al tejido asociativo español de mujeres rurales dentro del Consejo Estatal de ONG’s de Acción Social, representada por su presidenta nacional, Lola Merino, quien ostenta además la presidencia del Grupo de Trabajo del Medio Rural.

   AMFAR forma parte del Consejo junto a otras 26 entidades, como es el caso de Cruz Roja Española, Cáritas, CERMI o COCEMFE y otras en representación del Voluntariado, Infancia, Juventud o Familia; así como una representación de toda la Administración General del Estado, a través de direcciones generales, subdirecciones u organismos adscritos.