El PP exige a la Comisión Europea medidas para poner fin a los ataques de agricultores franceses a los camiones españoles

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A través de dos preguntas parlamentarias, los eurodiputados recuerdan que durante el pasado mes los camiones españoles registraron un total de 16 ataques por parte de agricultores franceses, que se saldaron con la pérdida de varias toneladas de mercancía.

Ante esto, Mato y Herranz instan a la Comisión a que informe sobre las acciones que ha emprendido ante el Gobierno francés con el fin de esclarecer estos hechos, que han tenido “consecuencias económicas muy negativas para el sector productor español de frutas y hortalizas”.

Al respecto, demandan también información sobre la posibilidad de que desde las instancias comunitarias se tengan en cuenta dichos daños y se ponga en marcha algún tipo de medida económica dirigida a resarcir al sector agrícola español afectado por dichas acciones.

Entre los aspectos abordados en sus preguntas, los eurodiputados reclaman información sobre las medidas que la Comisión Europea tiene previsto adoptar para evitar que en el futuro se sigan produciendo este tipo de incidentes.

Controles sin fundamentos objetivos

Por otro lado, Gabriel Mato y Esther Herranz han expresado su oposición al anuncio hecho por el ministro galo de Consumo de realizar controles a los vehículos procedentes de España cerca de la frontera. Al respecto, mantienen que se trata de una decisión que no está fundamentada en ningún argumento objetivo que haga pensar que las exportaciones españolas vulneren la legislación comunitaria.

Por ello, alertan de su preocupación por esta situación y preguntan a la Comisión si tiene previsto mediar ante el Gobierno francés para evitar que se produzcan acciones de este tipo que, insisten, vulneran la libre circulación de mercancías dentro del territorio comunitario.

Los ataques de los agricultores franceses a los camiones que exportan productos agrícolas españoles se han venido produciendo desde el pasado mes de julio, aunque fue en agosto cuando registraron una mayor intensidad, lo que ha provocado las quejas de numerosas asociaciones agrícolas españolas que han reclamado la defensa de sus intereses ante un hecho que se viene repitiendo de forma periódica y que supone un serio varapalo para los productores nacionales.

En un principio, desde la Comisión Europea se puso de manifiesto su condena ante cualquier acto que se considere “ilegal y destructivo”, al mismo tiempo que instó a Francia a que adoptase las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

Precisamente, la normativa europea confiere a las autoridades nacionales la competencia exclusiva en el mantenimiento del orden público y en la adopción de medidas que garanticen el derecho a la libre circulación en una situación específica.

Por otro lado, los eurodiputados españoles insisten en que Francia cumpla con el reciente compromiso que suscribió con España de reforzar la cooperación bilateral en el ámbito agrícola y por el que se comprometió a velar por la plena aplicación de las normas comunitarias y garantizar la libre circulación de mercancías.

Asimismo, hacen un llamamiento al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a que tome cartas en el asunto y preserve la consecución de dicho acuerdo por parte del país galo y defienda los derechos de los productores españoles.