El PP insiste en aprobar unas elecciones agrarias que nadie cree que se celebren

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    Pero al margen de esta postura casi unánime del sector y que, en muchos sentidos ha sido hasta ‘respaldada por el propio Magrama, cuyo mayor compromiso ha sido que se celebrarian "antes de 18 meses desde su aprobación",  lo que en la práctica representa en la próxima legislatura, con un panorama y un Gobierno que nadie puede predecir actualmente, el representante del PP negó que esta reforma reste democracia al sector agrario o que intente tapar la voz de los agricultores y ganaderos, tal y como se dice desde la oposición, sino todo lo contrario, pues “en lugar de mirar para otro lado y dejar que las organizaciones se sigan representando a sí mismas”, el Gobierno “ha decidido tomar el toro por los cuernos y solucionar el problema haciendo que pasen por las urnas”. “Y será lo que salga en las urnas lo que determine quién representa a quién”, añadió.

Un sistema "válido" ante la falta de elecciones previas en muchas CCAA

    Como explicó el diputado popular, el método recogido en esta reforma es “válido y eficaz” para determinar ese grado de representatividad de las organizaciones agrarias y que sean ellas quienes elijan a sus representantes, en un escenario en el que hasta ahora había inmovilismo y en el que era muy difícil que las nuevas organizaciones entrasen en el sistema. Así lo indican las cifras, que dibujan un sistema en el que apenas había elecciones.

   En 5 de las 17 comunidades -un 30%-, nunca se celebraron unas elecciones al campo; en otras 9 comunidades se celebraron elecciones una vez en 35 años de democracia, y la fecha más reciente de esa convocatoria data de hace 16 años. Y si, como evidencian las cifras, apenas se celebran elecciones: “¿Cómo vamos a determinar la representatividad del sector agrario en el campo español?”.

     Toda esta situación habla de la necesidad de una norma que dé la vuelta a un proceso de representación que tenga todas las garantías democráticas y que, de este modo, “agricultores y ganaderos puedan pronunciarse como nunca lo habían hecho en los últimos 35 años”.

UPA sopesa impugnar la ley por falta de garantías democráticas

      De hecho, la organización agraria UPA estudiará la posibilidad de impugnar la ley de representatividad agraria aprobada   por el Congreso de los Diputados por "falta de garantías democráticas", ya que la norma plantea realizar una "consulta" que no se regirá por las garantía de la ley electoral.

     "Vamos a valorar las posibilidades (jurídicas), sin descartar recurrir ante el Supremo, Constitucional o Tribunales europeos", ha adelantado a Efeagro el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, por lo que estudiarán las fórmulas más adecuadas.

     Alarcón ha denunciado que, finalmente, el Gobierno y el PP "han optado por sustituir una ley con amplio consenso en lo político y social" -que contaba con el respaldo de PP, PSOE, otros grupos y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA-, por otra nueva, la aprobada hoy, "que goza del rechazo social" y que "no ha sido negociada" con el sector.

     En su opinión, tampoco ha obtenido el respaldo parlamentario, ya que "ha sido rechazada por todos los grupos políticos", excepto el PP. A su juicio, la ley sigue adoleciendo de los mismos defectos que se incluían en los primeros borradores del Ministerio. "Se ha buscado un procedimiento absolutamente extraño, y para nosotros no es válido ni homologable para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias", ha insistido.

La Unión pide que se aceleren cuanto antes


    Por su parte,
el coordinador estatal de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (La Unión de Uniones), José Manuel de las Heras, ha expresado su "satisfacción" por la aprobación de la Ley de representatividad agraria y ha pedido que la consulta electoral se celebre cuanto antes.

     Según ha explicado De las Heras a Efeagro, "a diferencia de todo el mundo" en el sector agrario "nosotros estamos satisfechos" de que la ley "esté finalmente encima de la mesa" y aprobada en las Cortes.

     Ha apuntado que otras organizaciones agrarias sostienen que se trata de "un fraude de ley porque el Ministerio no tiene intención de convocar elecciones" en el campo, pero "si el Magrama no convoca elecciones, nosotros también diríamos lo mismo".

     "Creemos que el Ministerio debería hacer rápidamente el reglamento que desarrolle la ley", ha resaltado.

     Ha indicado que si el plazo que estipula la norma para celebrar la consulta es "de hasta los 18 meses", la Unión de Uniones urgirá que la hagan cuanto antes e incluso durante esta misma legislatura. Pero ha advertido de que si el texto es más ambiguo y no fija un calendario en el corto plazo para hacer esa consulta, "seríamos los primeros en denunciar" y "tratar de hacer las acciones legales que podamos para denunciar el estado de indefensión en el que nos encontramos", puesto que ahora La Unión de Uniones no tiene reconocida la representatividad a nivel estatal.